Ecopetrol ha puesto en marcha una exhaustiva auditoría forense para investigar 32 casos que involucran la presunta irregularidad en contratos que superan los 10 billones de pesos. Según información revelada por el diario El Tiempo, la investigación interna se centra en presuntos pagos por nombramientos y la entrega de dádivas relacionadas con la adjudicación de diversos contratos dentro de la estatal petrolera y sus filiales.
El proceso de auditoría, que podría extenderse por un periodo de entre cuatro y ocho meses, se apoya en un amplio acervo probatorio que incluye correos electrónicos, chats y declaraciones de funcionarios. Parte de este material ha sido recuperado bajo cadena de custodia con el objetivo de determinar su validez como evidencia en los procesos judiciales y administrativos que se adelantan. Debido a que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, los hallazgos de esta auditoría serán remitidos no solo a la Fiscalía General de la Nación, sino también a autoridades judiciales y administrativas de Estados Unidos, cuyas agencias federales ya han solicitado información sobre algunos de estos asuntos.
El alcance de la investigación es amplio y abarca contratos de obras civiles, mantenimiento de sistemas de transporte de hidrocarburos, servicios de seguridad e informática, así como operaciones de comercialización de crudo, gas y asfaltos. Uno de los focos principales es la Vicepresidencia de Abastecimiento de Ecopetrol. Un exejecutivo de la compañía ha proporcionado datos clave sobre este expediente, asegurando que un grupo reducido de compañías recibió contratos por más de 10 billones de pesos, sumando los negocios realizados por Ecopetrol y su filial Cenit.
En este contexto, la investigación menciona a Manel Grau, un ciudadano catalán cercano al presidente Gustavo Petro y a la ex primera dama Verónica Alcocer. Fuentes de la Fiscalía han señalado la existencia de audios atribuidos a Grau, en los cuales supuestamente afirma tener manejo en Ecopetrol, Cenit e ISA con el respaldo de la Casa de Nariño. Asimismo, el proceso menciona a Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa. Al respecto, Roa ha sostenido que Caicedo no tuvo participación en las decisiones relacionadas con la compañía. La auditoría revisa contratos marco de construcción y órdenes de servicio donde se habría presentado una concentración atípica de contratistas y presiones indebidas.
Otro caso relevante es el de un contratista identificado como ‘Bachiller’ o ‘Bachi’, identificado como Jorge Humberto Argüello Beltrán, representante legal de Conyser SAS. Esta empresa, ubicada en Huila y Barrancabermeja, registra contratos con Ecopetrol por 79.000 millones de pesos para obras civiles, geotecnia, infraestructura y tratamiento de aguas, monto que incluye contratos de administraciones anteriores. Un audio atribuido a Manel Grau menciona a Juan Carlos Hurtado, quien posteriormente asumió la presidencia de Ecopetrol, en una conversación donde un hombre llamado ‘Víctor’ afirma ser la persona que recibe la hoja de vida de ‘Bachi’.
La matriz de investigación incluye además otros macrocasos. En las obras civiles para geotecnia de Cenit, se investiga una posible fuga de información a favor de empresas y presuntos sobornos; se reporta que un involucrado fue retirado tras una licencia de paternidad. En cuanto a los servicios de vigilancia y seguridad electrónica, se revisan reuniones sostenidas en el piso 12 del edificio de Ecopetrol. Sobre el transporte aéreo, aunque se investigó el presunto direccionamiento de contratos de helicópteros, un juez penal municipal de Bogotá negó la reapertura del proceso contra Ricardo Roa.
En la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, se investigan supuestas dádivas relacionadas con la comercialización de crudo y gas. En este hilo aparece un empresario turco vinculado a un supuesto desembolso de cerca de 1.000 millones de pesos, operación que involucraría a un tercer país debido a la nacionalidad estadounidense de uno de sus socios. También se revisa un pago relacionado con una empresa de un país vecino para la comercialización de asfaltos.
Adicionalmente, se analiza un contrato de solución tecnológica de vigilancia. En octubre de 2025, Mónica de Greiff, entonces presidenta de la junta directiva, recibió una denuncia sobre reuniones en París, España y Sopó con empresarios interesados, así como cuestionamientos sobre certificaciones de la Superintendencia de Vigilancia. Ricardo Roa negó irregularidades en este caso, y las empresas ganadoras afirmaron cumplir los estándares.
Finalmente, la auditoría contempla 10 casos de nombramientos presuntamente direccionados por externos o que involucraron pagos, incluyendo procesos en el Oleoducto de los Llanos Orientales y el parque eólico Windpeshi. En este grupo figura Bayron Triana, exvicepresidente de Energías para la Transición, quien afirmó que los señalamientos en su contra eran una campaña de desprestigio y que se negó a presiones de la Casa de Nariño para firmar un contrato de compra de gas en Houston. Los 12 casos restantes se relacionan con granjas solares vía Fiduprevisora, sobrecostos en Cenit, obras en La Guajira y el proyecto Bionube o Nube Soberana, valorado en 80 millones de dólares.
