La Fiscalía de la Región de Magallanes ha procedido a la formalización de una investigación penal en contra de Cristian Santi Andrade, quien enfrenta cargos por tres delitos consumados de amenazas. Los hechos que originaron este proceso judicial se desarrollaron en la ciudad de Punta Arenas, específicamente en el sector de la calle Haydeé Arias Méndez, donde el imputado habría intimidado a diversas personas, incluyendo a menores de edad y adultos.
De acuerdo con los antecedentes detallados y presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de control de detención, el incidente comenzó cuando el imputado abordó de manera agresiva a un grupo de jóvenes que se encontraban jugando en la vía pública. Según el relato de los hechos, Cristian Santi Andrade utilizó insultos y lanzó amenazas de muerte contra los menores, generando un clima de temor que obligó a los niños y jóvenes a abandonar la calle y refugiarse dentro de sus domicilios para resguardar su integridad física.
La situación escaló cuando el padre de los menores, al percatarse de lo ocurrido, salió de su hogar para verificar la situación y proteger a sus hijos. En ese momento, fue encarado por el sujeto, quien mantuvo la actitud hostil. El imputado advirtió explícitamente que dispararía contra los menores si estos volvían a realizar ruidos cerca de su domicilio. No conforme con ello, el hombre extendió sus amenazas hacia el progenitor, manifestando su intención de matarlo a él y a todo su núcleo familiar.
El comportamiento intimidatorio del acusado no se limitó únicamente al grupo familiar. Los antecedentes indican que, posteriormente, el sujeto amedrentó a una vecina del sector. El objetivo de esta acción era evitar que la mujer se comunicara con Carabineros para denunciar los hechos y solicitar auxilio policial, intentando así obstruir la llegada de las autoridades al lugar del conflicto.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el tribunal correspondiente determinó la aplicación de diversas medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas y el correcto desarrollo del proceso judicial. Entre las restricciones impuestas, el magistrado estableció un radio de exclusión de 100 metros respecto de todas las víctimas involucradas en el caso. Asimismo, se dictó una prohibición absoluta de acercamiento hacia los afectados.
Además de estas medidas de protección, se decretó el arraigo regional para el imputado. Esta medida legal le prohíbe a Cristian Santi Andrade abandonar la Región de Magallanes mientras dure el proceso judicial, asegurando así su disponibilidad para las futuras citaciones y diligencias que el tribunal requiera.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa del imputado intentó buscar una salida alternativa al proceso penal. Los abogados defensores plantearon una propuesta de acuerdo reparatorio, la cual consistía en la realización de un pago pecuniario a las víctimas como compensación por los daños causados. Sin embargo, esta propuesta no prosperó. La falta de conformidad de los afectados, quienes rechazaron el ofrecimiento económico, impidió que se concretara el cierre anticipado de la causa mediante este mecanismo.
Debido a que no se alcanzó un acuerdo entre las partes, la causa continuará su curso regular en el sistema judicial. El magistrado a cargo del caso fijó un plazo de investigación de 70 días, periodo durante el cual la Fiscalía deberá reunir y presentar todas las pruebas pertinentes para sustentar la acusación contra el imputado.
Finalmente, el tribunal citó a las partes a una nueva audiencia, la cual quedó programada para el próximo 16 de noviembre. En dicha instancia se revisarán los avances de la investigación y se determinarán los pasos a seguir en el proceso penal contra Cristian Santi Andrade por los delitos de amenazas consumadas en el sector de calle Haydeé Arias Méndez.
