El sistema eléctrico de Panamá se encuentra en un punto de inflexión. Las constantes quejas de los usuarios sobre la calidad y estabilidad del servicio, sumadas a la proximidad del proceso de licitación de los contratos de distribución previsto para el año 2028, han generado la necesidad de una reflexión profunda sobre la estructura y el funcionamiento actual del sector. Dada la complejidad técnica del tema y su alta sensibilidad económica, se plantea que cualquier debate sobre el futuro energético del país debe fundamentarse en estadísticas confiables y estudios técnicos rigurosos.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la propuesta de separar los servicios de distribución y comercialización, delegando estas funciones a empresas distintas. Si bien esta medida podría, en teoría, fomentar la competencia entre comercializadoras independientes y aumentar la eficiencia de la cadena, existen advertencias basadas en experiencias internacionales. En la mayoría de los países que han implementado esta estructura, se ha observado una tendencia al aumento de las tarifas eléctricas. La razón es técnica y financiera: al introducir un nuevo eslabón en la cadena de suministro, se añade un margen de ganancia adicional, costo que inevitablemente termina siendo trasladado al consumidor final.
Otro aspecto crítico es la gestión de la denominada "potencia firme". Este principio es fundamental para garantizar que el sistema no colapse, ya que exige mantener operativas las centrales termoeléctricas —ya sea de gas, búnker o carbón— para cubrir los picos de demanda. Esto es especialmente necesario cuando las fuentes eólicas o fotovoltaicas reducen su aporte debido a la ausencia de sol durante la noche o cambios climáticos inesperados, como la baja de vientos o una nubosidad excesiva. Aunque estas plantas termoeléctricas permanezcan apagadas gran parte del tiempo, deben estar en estado de disponibilidad inmediata. En consecuencia, los costos operativos, de personal y de mantenimiento de estas plantas de respaldo se integran en la tarifa eléctrica. De este modo, a medida que Panamá incrementa su dependencia de fuentes renovables, aumenta la necesidad de capacidad de respaldo, lo que eleva el costo general del servicio.
Desde el punto de vista técnico, se advierte que las energías solar y eólica no son fuentes síncronas. Al carecer de grandes turbinas conectadas directamente a la red, estas tecnologías no aportan inercia energética al sistema. La ausencia de esta inercia mecánica reduce la capacidad del sistema para corregir variaciones inmediatas en el consumo, lo que complica la labor del centro de despacho nacional ante fluctuaciones bruscas y eleva el riesgo de desequilibrios de frecuencia, los cuales pueden derivar en apagones.
Asimismo, la intermitencia de las renovables genera situaciones donde se produce más energía de la que se consume. Sin sistemas de almacenamiento adecuados, este excedente se desperdicia, a menos que exista demanda externa para su exportación. Aunque se han licitado nuevos sistemas de baterías, estos presentan limitaciones de eficiencia, ya que sufren un alto nivel de estrés ante los aumentos y disminuciones súbitas de la generación, lo que compromete su durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Ante este escenario, se sugiere mantener una matriz energética balanceada. Actualmente, el sistema panameño se adapta a las estaciones: durante la temporada de lluvias, la hidroelectricidad representa casi dos terceras partes de la matriz, mientras que en la época seca, las termoeléctricas asumen ese peso. En ambos periodos, la energía solar y eólica contribuyen con aproximadamente una quinta parte de la generación total.
El análisis incluye comparaciones internacionales para advertir sobre los riesgos de un giro radical. Alemania, un país con un altísimo porcentaje de generación renovable, figura hoy entre los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo, lo que ha afectado la competitividad de su sector industrial. De manera similar, Uruguay, donde más del 90% de la energía es renovable, presenta costos de producción y tarifas al consumidor que se encuentran entre las más altas de la región latinoamericana.
A pesar de que existe margen de mejora, se señala que el sistema eléctrico panameño no es uno de los más costosos ni presenta las tarifas más altas del continente. Para avanzar hacia una mayor eficiencia, se propone fortalecer la legislación del sector y dotar a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) de un régimen de fiscalización y sanciones más robusto, que incluya la capacidad coactiva para exigir el pago de multas en un solo desembolso.
Finalmente, se enfatiza la obligación de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) de mejorar la infraestructura de la red y establecer un circuito redundante sólido, destacando la urgencia de construir la tan postergada cuarta línea de transmisión. El objetivo es alcanzar un sistema eficiente desde una perspectiva pragmática, entendiendo que la energía es una prioridad nacional que impacta directamente en el costo de vida, el gasto familiar y la competitividad de sectores vitales como el turismo, el comercio y la agroindustria.
