Se cumplen veinte años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, y la causa que investiga el Juzgado Federal N°1 de La Plata continúa sin registrar avances sustanciales. A dos décadas del hecho, persiste la incertidumbre sobre las circunstancias exactas de su secuestro y la identidad de los perpetradores. Hasta la fecha, no existen detenidos ni condenados por un caso que se ha consolidado como una de las mayores deudas de la democracia argentina en materia de derechos humanos.
La fecha de su desaparición posee una carga simbólica y judicial determinante. El lunes 18 de septiembre de 2006, López tenía previsto asistir a la lectura de los alegatos finales del juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevaba a cabo en una sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal de La Plata. En dicho proceso, el comisario general Miguel Etchecolatz figuraba como uno de los principales acusados.
Previamente, durante las audiencias, Jorge Julio López había brindado un testimonio claro y contundente sobre los crímenes cometidos por Etchecolatz, quien fuera la mano derecha del genocida Ramón Camps en la policía bonaerense. A sus 76 años, López manifestó sentirse en paz por haber cumplido una promesa realizada tres décadas atrás: relatar su propio calvario y el de sus compañeros que no sobrevivieron.
Esta posibilidad de justicia se abrió en 2003, cuando el Congreso Nacional, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, derogó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Dichas normas habían garantizado la impunidad de la mayoría de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Gracias a esto, López pudo señalar ante un tribunal lo que había visto y sufrido, especialmente las acciones de Etchecolatz, responsable operativo de una extensa red de centros clandestinos de detención y tortura. El testimonio de López, brindado el 28 de junio de 2006, fue uno de los más impactantes de todo el proceso.
Dos meses y medio después de declarar, López informó a su familia que no quería perderse los alegatos. Según relató su hijo Rubén, el domingo 17 de septiembre organizaron la logística para el traslado. Jorge Julio López se había comunicado con Nilda Eloy, militante de derechos humanos, para coordinar quiénes lo acompañarían. El plan consistía en que su primo Hugo pasara a buscar a su hermano Gustavo a las 9 de la mañana para llevarlo a la Municipalidad, donde el juicio comenzaría a las 10.
Sin embargo, la mañana del lunes 18, Jorge Julio López ya no se encontraba en su hogar. En un principio, su familia no sospechó de un secuestro, pensando inicialmente que podría haber sufrido un problema de salud mental, ya que consideraban que las desapariciones forzadas eran hechos del pasado. Una de las hipótesis planteadas fue que alguien pudo haberlo engañado para que saliera de la casa mientras esperaba el traslado.
La reconstrucción de sus últimos pasos indicó que cinco personas lo vieron caminar por la calle. La última fue la propietaria de una verdulería en la calle 137, entre 66 y 67, en Los Hornos. Se determinó que caminó dos cuadras más, donde los perros policiales perdieron su rastro frente a una casa en la calle 135, entre 66 y 67. Se presume que en ese lugar fue obligado a subir a un vehículo, aunque no se hallaron testigos que confirmaran la acción.
Albañil de oficio y militante peronista, López había sido secuestrado originalmente la noche del 27 de octubre de 1976 durante un operativo en Los Hornos, dirigido por Etchecolatz. Permaneció detenido-desaparecido casi seis meses en cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, Pozo de Arana, Comisaría Quinta y Comisaría Octava. Allí fue torturado y presenció asesinatos, como el de su compañera Patricia Dell’Orto, cuyo brutal final describió detalladamente durante su declaración judicial. López fue "blanqueado" el 4 de abril de 1977 y liberado finalmente el 25 de junio de 1979.
Desde el inicio, los organismos de derechos humanos señalaron la participación de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto retirados como en actividad. La investigación estuvo marcada por errores policiales, pistas falsas y el hallazgo de un cadáver quemado que no pertenecía a López, lo que alimentó las sospechas de un encubrimiento planificado.
Un episodio ocurrió en octubre de 2014, durante otro juicio contra Etchecolatz. Mientras se leía la sentencia de prisión perpetua, el genocida escribió "Jorge Julio López" en un papel y pretendió entregarlo a los jueces, quienes se lo impidieron. El hecho fue capturado por el fotógrafo Leo Vaca, generando un fuerte impacto en los presentes.
Miguel Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022 mientras cumplía su condena. Nunca explicó el significado de aquella anotación, llevando el secreto sobre el paradero de Jorge Julio López a la tumba, utilizando el silencio como un último método de tortura hacia las víctimas y su familia.
