Un nuevo y tenso episodio ha sumado complicaciones al caso de presunta agresión sexual grupal que sacude al Liceo Naval Almirante Guise. En el marco de las diligencias policiales que se llevan a cabo en la comisaría del distrito de San Borja, un familiar de uno de los menores investigados protagonizó un acto de violencia contra el personal de prensa que realizaba la cobertura informativa de los hechos.
El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles, cuando el sujeto abandonaba la dependencia policial. Al ser abordado por los reporteros que aguardaban respuestas sobre el avance del caso, el hombre reaccionó de manera agresiva. De acuerdo con las imágenes difundidas por el medio de comunicación Willax, el individuo empujó a varios integrantes de un equipo de prensa y, en un acto de hostilidad, lanzó un escupitajo directamente al rostro de un camarógrafo.
Augusto Thorndike, periodista de Willax, confirmó que el trabajador afectado pertenece a su equipo televisivo y detalló que el fluido impactó directamente en el rostro del profesional. En las grabaciones se puede observar que, tras ser cuestionado por los periodistas sobre su comportamiento, el agresor volvió la mirada hacia ellos y procedió a dar indicaciones a uno de los agentes policiales presentes, con el aparente objetivo de que este impidiera que los medios continuaran grabando su salida.
Ante este hecho, diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa han manifestado su rechazo. Tanto el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) emitieron pronunciamientos coincidiendo en que ninguna circunstancia, por grave que sea el contexto, justifica la violencia contra los periodistas ni contra aquellas personas que cumplen con el deber fundamental de informar a la ciudadanía.
Este incidente ocurre mientras se desarrolla una investigación profunda sobre una presunta agresión sexual grupal contra un estudiante de 16 años. Los hechos se habrían producido el pasado martes en un autobús donde los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol. Según los reportes, un grupo de 10 escolares habría ultrajado al estudiante, quien pertenece a un grado inferior.
Como respuesta inmediata a la gravedad de las denuncias, la Marina de Guerra del Perú ha tomado medidas administrativas drásticas. La Dirección de Bienestar de la Marina, a través de su Departamento de Educación, dispuso la separación temporal de tres figuras clave de la institución educativa: la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval. Esta decisión se ha tomado mientras las autoridades competentes avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales y colectivas.
A través de un comunicado oficial, la Marina de Guerra expresó su rechazo absoluto a cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los escolares. La institución aseguró que está brindando todas las facilidades y la colaboración necesaria para que los hechos sean esclarecidos a la brevedad. Asimismo, remarcó que se han activado los protocolos previstos para situaciones de esta naturaleza.
Debido a que los investigados son menores de edad, la Marina subrayó que, por mandato de la ley, se mantendrá en estricta reserva cualquier información que permita identificarlos, descartando cualquier tipo de injerencia en las pesquisas que realizan las autoridades.
Por su parte, la administración del colegio también emitió un comunicado reafirmando que la violencia, el 'bullying' y cualquier otra forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Aseguraron estar colaborando plenamente con las investigaciones y advirtieron que, de comprobarse las responsabilidades, se aplicarán las medidas necesarias correspondientes.
La gravedad del caso ha movilizado a otras entidades del Estado. La Defensoría del Pueblo solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía para que las diligencias se realicen de forma célere y exhaustiva, apelando a los principios del interés superior del niño y la debida diligencia reforzada. Simultáneamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que ya se encuentra brindando soporte psicológico y asistencia legal tanto al menor afectado como a su familia. Además, un equipo multidisciplinario del ministerio participará en las diligencias programadas por la Fiscalía para asegurar que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones respectivas.
