La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido una nueva disposición legal destinada a mantener la salvaguarda de los activos de Citgo Petroleum Corp. A través de la publicación de la Licencia General 5Z, el gobierno estadounidense ha determinado que la protección legal sobre las acciones de esta empresa se prorrogue formalmente hasta el 5 de noviembre de 2026.
Esta medida administrativa tiene como objetivo principal impedir que los acreedores puedan tomar el control del activo venezolano, asegurando que la propiedad de las acciones permanezca bajo el marco regulatorio actual y evitando que terceros ejecuten reclamos sobre la titularidad de la compañía en el corto y mediano plazo.
La implementación de la Licencia General 5Z no es un hecho aislado, sino que llega para sustituir a la Licencia General 5Y, la cual había sido publicada previamente el pasado 3 de agosto. Con este relevo normativo, la administración estadounidense mantiene la suspensión de la ejecución de las garantías que se encuentran vinculadas específicamente al bono Pdvsa 2020.
Para comprender la magnitud técnica de esta medida, es necesario detallar los componentes financieros involucrados. El bono Pdvsa 2020 presenta un rendimiento del 8,5 %, y dicho instrumento financiero está respaldado por un 50,1 % de las acciones de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo. Al mantener suspendida la ejecución de estas garantías, la Ofac evita que el respaldo accionario sea transferido a los tenedores de los bonos como forma de pago o compensación de deuda.
En términos operativos, este instrumento legal garantiza que las transacciones sobre los títulos de la empresa matriz continúen bloqueadas. Esto implica que cualquier movimiento, transferencia o cambio en la titularidad de las acciones de Citgo no puede realizarse de manera autónoma por las partes involucradas. La única excepción a este bloqueo es que se cuente con una autorización explícita y formal emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, lo que otorga al Tesoro estadounidense el control total sobre el destino de estos activos.
El análisis de la situación actual requiere remontarse al origen de la vulnerabilidad jurídica de Citgo. De acuerdo con la información disponible, este estado de fragilidad legal se originó en el año 2019. En aquel momento, el gobierno de Estados Unidos reconoció a la directiva designada por el entonces gobierno interino de Juan Guaidó para que estuviera al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Este reconocimiento creó la base legal que posteriormente expuso las acciones de la filial estadounidense a posibles disputas y reclamos por parte de acreedores.
Más allá de la prórroga de la protección, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha dejado claras las condiciones para cualquier movimiento futuro. El organismo regulador señaló que cualquier intento de alcanzar un acuerdo de refinanciamiento o una reestructuración de los pagos pendientes con los bonistas no podrá ejecutarse bajo la licencia actual. Para que tales acuerdos tengan validez legal y puedan concretarse, se requerirá la tramitación y obtención de licencias adicionales.
En este sentido, la Ofac ha instado formalmente a todas las partes involucradas en el conflicto financiero a iniciar los trámites correspondientes. El organismo ha subrayado la necesidad de solicitar las autorizaciones pertinentes ante las autoridades estadounidenses para poder avanzar en eventuales negociaciones que permitan resolver la situación de los pagos pendientes sin vulnerar el marco legal vigente.
En resumen, la Licencia General 5Z actúa como un escudo temporal que congela la situación actual de Citgo hasta finales de 2026, manteniendo la prohibición de transferencias accionariales y condicionando cualquier resolución financiera a la aprobación expresa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
