La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha puesto en marcha una investigación preliminar contra el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gustavo Adolfo Pareja García. El oficial es investigado por la presunta utilización de personal policial para realizar tareas domésticas que habrían beneficiado directamente a su persona y a su cónyuge, hechos que podrían configurar el delito de peculado de uso.
Esta acción legal surge tras la difusión de un reportaje periodístico presentado por el medio Willax, en el cual se expusieron diversas evidencias, incluyendo chats de WhatsApp atribuidos a la esposa del general y testimonios de personas vinculadas al entorno policial. Según la información revelada, el personal bajo el mando del oficial habría sido destinado a ejecutar actividades ajenas a sus funciones policiales, tales como lavar platos, tender camas, preparar alimentos, limpiar ambientes y recoger ropa de lavandería.
De acuerdo con los detalles de la investigación, estos hechos habrían tenido lugar durante el periodo en que Gustavo Adolfo Pareja García estuvo al frente de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía (Dirbap). La fiscalía busca determinar si el general aprovechó su cargo y el recurso humano a su disposición para obtener beneficios personales en su ámbito privado, lo cual constituye una irregularidad grave en la gestión de los recursos del Estado.
En el marco de las primeras diligencias, el Ministerio Público procedió a realizar una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la sede de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía. Este operativo fue liderado por el fiscal provincial José Caballero Miranda, perteneciente al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, quien contó con el apoyo del fiscal adjunto Víctor Vidal Fernández.
Durante el procedimiento, el equipo fiscal fue recibido por el actual jefe de la Dirección de Bienestar de la PNP, el general PNP Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quien hizo entrega de toda la documentación solicitada por los magistrados. El Ministerio Público analizará exhaustivamente esta información junto con el resto de las diligencias para corroborar si, efectivamente, se emplearon trabajadores policiales en actividades totalmente ajenas al servicio público.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa son las conversaciones de WhatsApp difundidas en el reportaje, las cuales se atribuyen a la esposa del general. En dichos mensajes, se observan pedidos específicos relacionados con la alimentación y tareas personales. Entre los ejemplos más destacados aparece una solicitud para la preparación de pan con queso y una bebida, así como la elaboración de comida para el esposo de la mujer. Asimismo, existen intercambios de mensajes que aluden a la permanencia de la esposa del oficial en la sede de la Dirección de Bienestar, incluyendo una petición explícita para restringir el ingreso a una habitación determinada.
Además de los chats, la fiscalía cuenta con testimonios que señalan que agentes policiales fueron destinados a realizar labores de limpieza en un domicilio particular, incluyendo tareas como limpiar lunas y otras actividades del hogar. Sumado a esto, la investigación se ha extendido a la revisión de órdenes de servicio por montos de S/6,000 y S/7,500. Dichos pagos estaban destinados presuntamente a la limpieza y desinfección del área logística de la Dirbap, pero el uso real de estos fondos y el personal asignado serán materia de verificación fiscal para descartar irregularidades.
Por su parte, el general Gustavo Adolfo Pareja García ha negado rotundamente que agentes de la PNP hayan acudido a su residencia para realizar labores domésticas. Asimismo, el oficial afirmó desconocer el contenido y la procedencia de los mensajes de WhatsApp que fueron difundidos en el medio de comunicación.
La investigación preliminar continuará su curso para establecer la veracidad de los testimonios y las evidencias documentales presentadas. El objetivo final del Ministerio Público es determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan en caso de comprobarse que el general utilizó el personal policial como servidumbre personal durante su gestión en la Dirbap.
