Una exclusiva publicada por 'The Miami Herald' ha revelado que la Administración de Donald Trump llegó a plantear un acuerdo estratégico con el régimen castrista para suministrar petróleo estadounidense y atraer inversiones destinadas a reconstruir el deteriorado sistema energético de la isla. Sin embargo, el precio exigido por la Casa Blanca era elevado: la apertura al capital privado de la petrolera estatal CUPET y la facilitación de la salida del poder de Miguel Díaz-Canel, a quien Washington consideraba incapaz de resolver la crisis económica y social que atraviesa Cuba.
Según la reconstrucción de los hechos realizada por la periodista Nora Gámez Torres, las negociaciones se extendieron durante varios meses y fueron mucho más allá de una simple transacción comercial de combustible para paliar los constantes apagones que afectan a la población cubana. El objetivo de Washington era impulsar una remodelación integral del sector energético que otorgara a las empresas estadounidenses una posición privilegiada en una de las áreas más estratégicas de la economía de la isla.
La naturaleza de esta operación quedó evidenciada en la elección del interlocutor por parte de la administración estadounidense. Los contactos se establecieron con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como 'El Cangrejo', nieto de Raúl Castro y miembro del círculo más íntimo de la familia que gobierna Cuba desde 1959. El planteamiento fue directo: Estados Unidos proporcionaría el crudo que Cuba necesita desesperadamente, pero a cambio, La Habana debía aceptar la privatización de CUPET, el monopolio estatal encargado de la producción, importación, refinado y distribución de petróleo.
Los negociadores norteamericanos priorizaron una fórmula en la que inversores de Estados Unidos pudieran tomar el control total de la compañía, aunque también se barajaron opciones menos drásticas, como la creación de una sociedad mixta donde convivieran el Estado cubano y el capital privado. La importancia de CUPET es fundamental, ya que no solo controla las refinerías y depósitos, sino que su red de estaciones de servicio está vinculada a CIMEX y, por extensión, a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares.
En el plano político, la condición de Trump era clara: la salida de Díaz-Canel. No obstante, esto no implicaba necesariamente el desmantelamiento inmediato de todo el sistema castrista. Washington buscaba un enfoque pragmático centrado en cambiar la dirección política, abrir sectores económicos y reducir la dependencia de potencias como Rusia y China, sin exigir la desaparición previa de todas las estructuras del régimen.
El contexto energético de Cuba se volvió crítico tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que alteró el equilibrio que permitía a La Habana recibir petróleo subvencionado desde Caracas. Esta pérdida coincidió con uno de los peores momentos del sistema eléctrico cubano, caracterizado por centrales envejecidas, algunas de origen soviético, y una falta crónica de inversión. Ante esto, Trump aumentó la presión, amenazando a terceros países que siguieran abasteciendo a la isla, lo que llevó a México a suspender sus envíos.
Este escenario también generó inquietud en el sector empresarial español. Las hoteleras españolas han reducido su exposición en Cuba debido a la presión de Estados Unidos, mientras algunos empresarios sospechan que el objetivo final de Washington es desplazar las fuentes de financiación del régimen para preparar el terreno para compañías norteamericanas, evocando la fuerte presencia de capital estadounidense en sectores clave antes de 1959.
Finalmente, las conversaciones fracasaron debido a que La Habana no estuvo dispuesta a aceptar las condiciones políticas exigidas. Simultáneamente, surgió una fuerte oposición en Florida. Diputados republicanos cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez presionaron contra cualquier acuerdo que beneficiara al régimen. Temían que se aplicara una fórmula similar a la de Venezuela: retirar al líder pero mantener el aparato dictatorial para evitar un colapso estatal.
Tras el estancamiento de las negociaciones, Washington regresó a la estrategia de presión. El Departamento de Justicia terminó imputando a Raúl Castro por el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, una medida reclamada por los congresistas de Florida. Aunque el gran acuerdo energético no se concretó, la revelación de estas negociaciones expone la estrategia de Trump para Cuba, la cual permanece vigente en el Despacho Oval.
