El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha lanzado una grave denuncia contra diversos sectores del poder local y el crimen organizado, asegurando que existe una coordinación deliberada para financiar y organizar los bloqueos de carreteras que afectan actualmente al país. Según el mandatario, estas acciones, que se presentan formalmente como protestas contra el incremento en los precios del combustible, cuentan con el respaldo económico de figuras políticas y redes de narcotráfico.
En un discurso dirigido a la nación, el jefe de Estado detalló que se han identificado puntos específicos donde esta colusión es evidente. Arévalo señaló el caso de Río Hondo, en el departamento de Zacapa, donde afirmó que políticos locales se han coordinado con actores del narcotráfico con el objetivo primordial de pagar a las personas que participan en la ejecución de los bloqueos viales.
El mandatario no limitó sus señalamientos a una sola zona, extendiendo la denuncia a otras localidades como Cuyotenango y Villanueva. En estos puntos, el presidente guatemalteco aseguró que se han asociado "actores políticos espurios" con grupos delictivos, mencionando explícitamente la participación de pandilleros en algunos casos y de estructuras del crimen organizado en otros, todos con el fin de montar y sostener los cierres de carreteras.
Bernardo Arévalo fue enfático al señalar que estas alianzas no son fortuitas, sino que responden a una estrategia coordinada. El presidente denunció que en estos escenarios convergen los "intereses electorales espurios" de ciertos políticos y los "intereses criminales" de las organizaciones delictivas, cuya meta final es intentar desestabilizar la institucionalidad y la paz del país.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado que ya se han emprendido las averiguaciones correspondientes para identificar a los responsables. El presidente aseguró que el Gobierno no dejará pasar estas acciones y que se procederá a denunciar formalmente ante el Ministerio Público a todas aquellas personas que incurran en estas actividades delictivas, buscando que la ley actúe contra quienes financian la interrupción del orden público.
En el ámbito de la seguridad y la movilidad, Arévalo informó que ha impartido instrucciones precisas a la Policía Nacional Civil para garantizar la libre circulación de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Para lograr este objetivo, la Policía contará con el apoyo del Ejército. El mandatario subrayó que su administración mantendrá una política de "tolerancia cero" frente a quienes busquen vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos o afectar la productividad económica de la nación. No obstante, aclaró que todas las operaciones de seguridad deberán regirse estrictamente por lo establecido en la Constitución.
A pesar de la severidad de sus denuncias contra los grupos organizados, el presidente evitó nombrar específicamente a los políticos involucrados, pero hizo una distinción fundamental entre las redes criminales y el sentimiento de la población. Arévalo reconoció que el malestar social provocado por el alza de los precios de los hidrocarburos es "real". En su mensaje, expresó plena conciencia sobre la gravedad de la situación que la sociedad guatemalteca enfrenta actualmente.
Para atender la raíz del problema social, el Gobierno de Arévalo informó que está evaluando diversas opciones para amortiguar el impacto económico que los precios del combustible tienen sobre la ciudadanía. En este sentido, el mandatario apuntó a la necesidad de que el Congreso de la República apruebe la Ley para Precios Máximos al Consumidor.
Sobre esta propuesta legislativa, el presidente explicó que, una vez aprobada, el Ejecutivo dispondrá de los recursos necesarios para establecer precios máximos que sean comparables o incluso menores que los que se aplican en los países vecinos. El objetivo es evitar que el consumidor guatemalteco quede desprotegido ante la volatilidad del mercado.
Finalmente, Arévalo subrayó que la implementación de esta medida proporcionará una estabilidad necesaria tanto al consumidor final como al mercado interno. El mecanismo propuesto permitiría que, independientemente de las alzas que se produzcan en el precio internacional del combustible, los consumidores no tengan que pagar sumas que excedan el límite establecido por el Estado.
