El calendario parlamentario se acelera y la tensión política aumenta en el Congreso. El próximo martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado llevará a cabo el debate sobre la reforma política, un proyecto donde el Gobierno Nacional ha fijado un objetivo prioritario y concreto: la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante la proximidad de los plazos, la Casa Rosada ha emitido instrucciones claras para acelerar las negociaciones con el fin de alcanzar los apoyos necesarios.
La estrategia de negociación ha sido definida por la secretaria general de Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei. Según fuentes cercanas a la funcionaria en Balcarce 50, la premisa es tajante: no existirá acuerdo político alguno con gobernadores o espacios políticos que no brinden su apoyo explícito a la reforma política. Esta postura, calificada por miembros del Gabinete como "razonable y lógica", funciona como un ultimátum para aquellos sectores con los que el oficialismo busca articular consensos.
A pesar de la firmeza de la directiva, el escenario legislativo presenta desafíos considerables. Para que las reformas electorales sean aprobadas, el oficialismo requiere reunir 37 votos en el Senado, una cifra que, según advierten diversas terminales del gobierno, no es sencilla de alcanzar. En este contexto, se prevé que se desarrolle una intensa negociación sobre los diversos puntos del proyecto.
La meta fundamental para el oficialismo es evitar que la oposición cuente con la herramienta de las PASO para dirimir sus conflictos internos de cara a las elecciones de 2027. Si bien inicialmente el objetivo era la eliminación total de estas primarias, en las últimas semanas la Casa Rosada ha moderado su pretensión, planteando la suspensión como una meta posible, siguiendo la lógica aplicada para el año 2025.
Es importante destacar que la idea de supeditar los entendimientos electorales al apoyo de la reforma ya había circulado en abril, coincidiendo con la presentación del proyecto. Sin embargo, el avance del debate se vio frenado desde mayo debido a factores como el desgaste de la imagen presidencial, el impacto de la actividad económica y el caso Adorni. Ahora, con el inicio del año electoral acercándose, el Gobierno ha decidido retomar la embestida.
La operatividad de estas negociaciones recae principalmente en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Mientras Santilli mantiene un perfil optimista en el diálogo con gobernadores y partidos dialoguistas, la líder del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, ha sido más cautelosa, advirtiendo durante semanas sobre la dificultad de sumar los votos. El mapa de aliados potenciales incluye al PRO, a un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y a diversos mandatarios provinciales.
Para intentar destrabar el proyecto, la Casa Rosada ha ensayado diversas alternativas. La primera consistió en incluir la "ficha limpia" como un incentivo para captar el apoyo de Pro y la UCR. Una segunda opción fue la reinstauración del sistema de listas colectoras, que permitiría a los gobernadores adherir sus candidatos a la boleta de Javier Milei; no obstante, esta alternativa fue descartada debido a que requería un "salto de fe" por parte de los gobernadores y se vio afectada por el desgaste de la imagen libertaria.
Actualmente, el Gobierno contempla una tercera vía en caso de que la suspensión de las PASO encuentre demasiada resistencia: convertir las primarias en optativas para los partidos, creando así las PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas, pero no obligatorias). Algunos sectores del oficialismo sugieren que esta opción podría utilizarse además como una herramienta política para exponer al peronismo, argumentando que una baja participación electoral en primarias no obligatorias resultaría en un escenario desfavorable para dicho espacio.
En cuanto a los plazos, el Gobierno considera deseable que la discusión se concrete hacia fines de octubre, evitando que se extienda más allá de noviembre. Este cronograma entrelazaría la reforma electoral con el debate del presupuesto 2027, el cual debe ser enviado al Congreso este martes.
Por otro lado, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ha emitido una advertencia relevante. A través de una acordada, los magistrados señalaron que modificar las leyes electorales durante el período de comicios contraviene los estándares internacionales. Citando el Manual de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CNE indicó que los cambios deberían concretarse entre tres y seis meses antes del inicio del proceso formal para permitir que los actores políticos y las autoridades adecuen sus reglamentaciones.
Finalmente, Patricia Bullrich ha reiterado que aún no existe un consenso consolidado, aunque se está trabajando en su construcción. La senadora adelantó que la reforma avanzará a un paso moderado, incorporando especialistas para discutir no solo la cuestión de las PASO y la ficha limpia, sino también la digitalización de las afiliaciones, la reducción del aporte estatal a los partidos, el incremento de la participación de aportantes privados y el endurecimiento de los requisitos de presencia territorial para competir electoralmente.
