La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, responsable de la instrucción sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ha trazado una estrategia judicial basada en dos ejes fundamentales. Por un lado, la jueza busca determinar la autoría de lo que ha calificado como un "grave ataque a la integridad territorial de España", una línea de investigación que depende estrictamente de la cooperación del Reino de Marruecos. Por otro lado, la instrucción analizará la respuesta interna de las autoridades españolas ante la crisis y la gestión de las alertas previas al suceso.
El Juzgado Central de Instrucción número 3 transitará estas dos vías a velocidades distintas. Mientras que la búsqueda de los responsables externos requiere de trámites internacionales, la investigación sobre el proceder español ya ha comenzado a generar movimientos significativos. En este sentido, la instructora solicitó al Ministerio de Justicia el envío de los informes y alertas que el Gobierno desclasificó y publicó recientemente en la página web de Moncloa.
Entre la documentación clave se encuentran diversas comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El pasado 29 de julio, el servicio de inteligencia advirtió a los servicios de inteligencia de Marruecos, a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre una convocatoria para cruzar la frontera el día siguiente, 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono del país alauí. Una de las incógnitas centrales es la gestión de la información tras la alerta del CNI, que señalaba la existencia de dos grupos de Facebook con unos 180.000 seguidores donde se organizaba el "asalto por valla y mar".
Esta situación ha provocado una crisis institucional interna. El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno presentó su dimisión el pasado viernes. El funcionario sostiene que reenvió la alerta del CNI al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano; sin embargo, este último niega haber recibido dicha comunicación. Se prevé que la magistrada Tardón ordene declaraciones de ambos implicados para esclarecer quién dice la verdad y determinar hasta qué nivel jerárquico llegó la información. Juristas consultados indican que, si se demuestra que una autoridad conocía el riesgo elevado y no actuó, podría configurarse un delito de prevaricación administrativa por omisión, aunque advierten que este escenario es lejano en este momento.
Respecto a la autoría externa, fuentes fiscales califican la causa como "compleja". Los indicios actuales apuntan a Marruecos, ya sea como impulsor directo o por su "permisividad". Para avanzar, la Audiencia Nacional necesitaría que Rabat permitiera identificar e interrogar a los gendarmes que habrían facilitado el paso, así como a los agentes "dinamizadores" no uniformados que habrían organizado las oleadas de migrantes hacia el Espigón de El Tarajal. A pesar de la esperanza de la Fiscalía, varios penalistas consideran que solicitar la colaboración de Marruecos es un "brindis al sol" y prevén que la causa termine en un callejón sin salida.
A pesar de la precocidad de la investigación, la jueza María Tardón ya ha descartado que la operación sea obra de mafias. En su auto, sostiene que ninguna organización criminal de tráfico de inmigrantes posee la capacidad para ejecutar un proceso de tal dimensión. En su lugar, la magistrada ve evidente que hubo una "clara e indudable gestión favorecedora" desde el territorio marroquí y una permisividad manifiesta de sus agentes policiales en la zona.
Formalmente, la causa se ha abierto por tres delitos. Además de la organización criminal, se investiga un delito contra "la paz o la independencia del Estado" según el artículo 590.1 del Código Penal, un tipo penal muy en desuso y sin precedentes de condenas. Este delito se aplica a actos ilegales que expongan a los españoles a vejaciones o represalias por parte de una potencia extranjera, incluso si la guerra no llega a declararse. Finalmente, se contempla un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, vinculado al "homicidio imprudente" por el fallecimiento de 83 personas cuyos cuerpos han sido recuperados en aguas territoriales españolas.
