Una jueza federal de distrito del norte de California, Susan Illston, ha determinado en un escrito presentado el pasado viernes que un decreto emitido por la administración de Donald Trump, destinado a reducir la plantilla de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en casi un 50 %, resultó ser ilegal. La decisión representa una victoria significativa para los trabajadores sindicalizados que mantienen una demanda en curso contra el Gobierno.
En su fallo, la jueza Illston afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera "arbitraria y caprichosa" al momento de revocar la autoridad de FEMA para renovar los contratos de los equipos de respuesta a desastres de guardia, conocidos como CORE (Cadre de Respuesta y Recuperación de Guardia). Estos equipos constituyen aproximadamente el 40 % de la fuerza laboral total de FEMA y desempeñan un papel crítico, ya que suelen ser los primeros efectivos federales en desplegarse sobre el terreno tras el impacto de huracanes y otros desastres de gran magnitud. Además, gran parte de este personal es responsable de supervisar la distribución de ayuda y la gestión del financiamiento a largo plazo destinado a las comunidades y estados afectados.
Históricamente, los trabajadores pertenecientes al CORE contaban con contratos que oscilaban entre los dos y cuatro años, los cuales eran renovados de forma casi sistemática. Sin embargo, como parte de una estrategia intensiva de la administración Trump para disminuir el tamaño del Gobierno federal hacia el año 2025, el DHS limitó la capacidad de FEMA para renovar dichos contratos, permitiendo únicamente periodos de 180 días mientras se evaluaba un plan a largo plazo para reducir la agencia. Para enero, el DHS dio un paso más allá al ordenar a FEMA que permitiera que algunos de estos contratos vencieran, obligando así a los empleados a abandonar sus puestos.
Estas medidas se enmarcaban en una iniciativa más amplia de reforma de FEMA, con el objetivo de reducir su estructura y transferir una mayor carga de responsabilidad en la respuesta y recuperación ante desastres a los gobiernos estatales. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Donald Trump ha sostenido que la agencia es ineficaz, partidista y se encuentra sobredimensionada. No obstante, esta postura choca con los hallazgos de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno publicado en 2023, el cual concluyó que la agencia, lejos de estar sobredimensionada, enfrentaba un déficit de personal superior a los 6,000 empleados.
La jueza Illston destacó que existe un marco legal protector: una ley aprobada por el Congreso en 2006 que estipula que el secretario de Seguridad Nacional no podrá reducir de manera "sustancial o significativa" las funciones, responsabilidades o facultades de FEMA. Asimismo, la magistrada señaló una contradicción administrativa, ya que el DHS estaba exento de la congelación de contrataciones decretada por Trump en enero de 2025, pero posteriormente el departamento interpretó que las "nuevas contrataciones" prohibidas incluían también las renovaciones del personal CORE. Sobre esta decisión, Illston escribió que no existen pruebas en el expediente que reflejen una decisión razonada para cambiar dicha postura ni para las condiciones impuestas posteriormente.
Por su parte, un portavoz de FEMA emitió un comunicado asegurando que la agencia mantiene una plantilla de personal de apoyo y líderes experimentados tanto en sus oficinas regionales como en la sede central. El portavoz afirmó que se está garantizando la estabilidad de la fuerza laboral y una capacidad de despliegue sólida para futuros desastres, buscando que la agencia sea más eficiente y rápida en el apoyo a sus socios locales, territoriales, tribales y estatales.
El caso también reveló irregularidades en la gestión de la información. La jueza Illston determinó que el uso de la aplicación de mensajería segura Signal por parte de la exdirectora interina de FEMA, Karen Evans, y el exvicesecretario general del DHS, Joseph Guy, infringió las políticas del departamento y la ley federal. Según el fallo, Evans creó un chat de Signal con mensajes configurados para eliminarse automáticamente cada cuatro semanas, un canal que la jueza consideró "muy relevante" para el caso. Además, se señaló que Evans acortó el plazo de eliminación automática en marzo, después de haber sido nombrada como demandada en la causa, y realizó una copia de seguridad de los mensajes en abril de 2026, momento en el cual la información más pertinente ya había sido borrada.
La jueza fue tajante al calificar estas acciones como intencionales, subrayando que Evans debía conocer la normativa, dado que anteriormente se desempeñó como directora de Información del DHS y estuvo a cargo de las políticas de conservación de registros. Como consecuencia, el tribunal prohibió que la administración utilice testimonios previos que nieguen la existencia de planes para reducir la plantilla o la participación del DHS en el asunto. Además, la jueza estableció que el tribunal presumirá que los mensajes perdidos de Signal habrían sido desfavorables para los demandados y habrían servido como prueba adicional del plan de recorte y el control ejercido por el DHS.
Finalmente, aunque la decisión representa una victoria para la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y la AFL-CIO, los sindicatos que interpusieron la demanda, la jueza no dictó medidas correctivas inmediatas. Ordenó que las partes lleguen a un acuerdo sobre el alcance de tales medidas. Los sindicatos habían solicitado la reincorporación de los empleados y la revocación de todos los avisos de no renovación. No obstante, Illston consideró que estas peticiones eran demasiado amplias, ya que FEMA ha dejado de negar sistemáticamente las renovaciones. Aun así, la jueza dejó claro que el DHS continúa usurpando la autoridad de FEMA al imponer el límite de 180 días para los contratos.
