¿Qué pasará realmente con los traslados de la Fuerza Pública? La presidenta de la República, Laura Fernández, ha reconocido un error en la comunicación de la medida de rotación policial anunciada recientemente.
Todo comenzó el pasado miércoles durante el Consejo de Gobierno, donde la mandataria afirmó que los oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Penitenciaria rotarían de puesto cada tres meses. El objetivo fundamental de esta propuesta era evitar que los policías se arraigaran en una misma localidad o delegación, previniendo así que pudieran integrarse en redes de corrupción.
Sin embargo, tras generar incertidumbre, la presidenta aclaró la situación durante un acto en Cartago frente a oficiales de la Fuerza Pública. Fernández precisó que la rotación no será general, sino que se aplicará exclusivamente a directores, subdirectores y aquellos policías involucrados en presuntos delitos. Asimismo, la mandataria fue enfática al descartar que se lleven a cabo traslados arbitrarios.
Esta aclaración se suma a las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien ya había matizado el alcance de la medida, y del jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar, quien señaló la importancia de comprender y respetar los arraigos familiares de los agentes.
Por otro lado, la medida no ha estado exenta de críticas. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, conocida como ANEP, manifestó su preocupación al respecto. Según la organización, trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar los recursos ni las plazas disponibles podría debilitar la presencia policial en puntos estratégicos del país.
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