El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha emitido una resolución judicial que ha generado una fuerte repercusión: la orden de libertad inmediata para Ghislain Jesús Quiroz Carrizo. Esta decisión ocurre en un contexto complejo, ya que el imputado se había presentado recientemente ante las autoridades para confesar la autoría del asesinato de Mariana Sepúlveda, una joven cuya desaparición mantuvo en incertidumbre a su familia y a la comunidad durante 18 años.
El núcleo de la decisión judicial radica en un aspecto técnico-legal: la prescripción del delito. El tribunal determinó que, debido al tiempo transcurrido desde que se cometió el presunto crimen, la acción penal ya no puede ser ejercida. Según los fundamentos expuestos por el juzgado, el delito se encuentra prescrito al haber superado el plazo de 15 años establecido legalmente para este tipo de casos. Dado que la desaparición de la víctima ocurrió hace casi dos décadas, el tribunal consideró que el tiempo límite para perseguir la responsabilidad penal del imputado había expirado.
Antes de esta resolución, la situación procesal de Quiroz Carrizo había tomado un rumbo distinto. El tribunal había decretado previamente que el imputado debía ser internado en un módulo especial dentro de un recinto penal. Esta medida cautelar no estaba vinculada únicamente a la gravedad de la confesión, sino a una condición particular del sujeto: su capacidad cognitiva reducida, factor que obligó a las autoridades a buscar un régimen de reclusión adecuado a sus facultades mentales.
Un punto crítico en la deliberación del tribunal fue la verificación de los movimientos migratorios del imputado. La Fiscalía había planteado una tesis jurídica basada en la posibilidad de que Quiroz Carrizo hubiera realizado viajes al extranjero durante el periodo en que el caso estuvo abierto. Según la normativa legal, la salida del país del imputado podría haber servido para extender o interrumpir el plazo de prescripción, permitiendo así que el proceso judicial continuara vigente a pesar del paso de los años.
Sin embargo, esta estrategia de la Fiscalía se vio neutralizada por los hallazgos técnicos de la Policía de Investigaciones (PDI). Un informe detallado emitido por la entidad policial estableció con claridad que el imputado no había salido del territorio nacional en el periodo analizado. Al quedar descartada cualquier estancia fuera del país, el tribunal no encontró fundamentos legales para extender el plazo de prescripción, lo que llevó inevitablemente a la orden de libertad.
El caso tiene sus raíces en una tragedia ocurrida el 29 de agosto de 2008. En aquella fecha, Mariana Sepúlveda, que tenía apenas 19 años, desapareció sin dejar rastro. El relato de los hechos indica que la joven salió aquella mañana de su hogar, ubicado en el pasaje Logroño de la comuna de Conchalí, con el objetivo de dirigirse al Colegio Pitágoras, situado en la comuna de Independencia. Desde ese momento, su paradero se volvió un misterio que persistió durante 18 años.
El proceso volvió a cobrar vigencia el pasado domingo, cuando Ghislain Jesús Quiroz Carrizo decidió presentarse voluntariamente ante la policía. En su declaración, el hombre se atribuyó la responsabilidad del crimen cometido contra la joven. Esta confesión fue recibida con cautela y escepticismo por parte de la familia de Mariana Sepúlveda, quienes manifestaron dudas razonables sobre la veracidad del relato del imputado, dada la prolongada ausencia de respuestas.
A pesar de las dudas familiares, la Fiscalía mantuvo una postura firme sobre la validez de la confesión. El Ministerio Público sostuvo que el relato de Quiroz Carrizo no era una simple declaración aislada, sino que estaba respaldada por evidencias materiales. Específicamente, la Fiscalía señaló que los peritajes realizados en el domicilio del imputado aportaron antecedentes técnicos y pruebas suficientes para corroborar la versión entregada por el confesario.
Finalmente, ante la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que otorga la libertad al imputado basándose en la prescripción, la Fiscalía ha anunciado que no aceptará la decisión. El organismo ha confirmado que apelará la resolución judicial, buscando que una instancia superior revise los argumentos y determine si es posible mantener al imputado bajo custodia a pesar del tiempo transcurrido desde el crimen de Mariana Sepúlveda.
