La industria textil argentina atraviesa un escenario crítico, según revela un exhaustivo informe elaborado por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA). El documento advierte que el 70 por ciento del mercado de este sector se abastece actualmente de importaciones, una situación que las entidades atribuyen a una “competencia fraudulenta” derivada de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
El impacto en el tejido productivo local es severo. Durante el primer semestre de este año, las empresas del sector registraron una caída de casi el 25 por ciento. Esta contracción se traduce en una realidad tangible dentro de los talleres: apenas 4 de cada 10 máquinas permanecen en funcionamiento, evidenciando un nivel de inactividad alarmante en la capacidad instalada.
De acuerdo con los datos proporcionados por Pro Tejer y la FITA, la producción textil sufrió una caída del 24,4 por ciento en relación con 2025 y un descenso del 34 por ciento respecto a 2023. Actualmente, el uso de la capacidad instalada se sitúa en un 39 por ciento, cifras que contrastan directamente con los discursos de reactivación económica promovidos por la administración nacional.
El informe identifica que el daño sufrido por la industria local es el resultado de una combinación de factores: la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real. Estas medidas han generado un desequilibrio estructural en el mercado interno. Mientras que históricamente el abastecimiento se dividía en partes iguales entre la producción nacional y las importaciones, en la actualidad estas últimas explican cerca del 70 por ciento del mercado.
En términos cuantitativos, durante el primer semestre de 2026, las importaciones de productos textiles e indumentaria sumaron 177.356 toneladas y alcanzaron un valor de 911 millones de dólares. Si bien esto representa una caída interanual del 20 por ciento en cantidades y del 5 por ciento en valores, la distribución de estas importaciones revela un problema profundo en la cadena de valor.
La contracción más fuerte se concentra en los primeros eslabones de la cadena productiva. Las materias primas cayeron un 33 por ciento, los hilados un 43 por ciento, los tejidos planos un 52 por ciento y los tejidos de punto un 34 por ciento. Según la Fundación Pro Tejer, este fenómeno es un reflejo directo de la menor actividad industrial y el exceso de oferta existente en el mercado local.
En sentido opuesto, las importaciones de productos finales han alcanzado niveles de récord histórico. La indumentaria registró un crecimiento del 62 por ciento en toneladas y del 36 por ciento en dólares. Asimismo, las confecciones destinadas al hogar, como sábanas y toallas, aumentaron un 26 por ciento en toneladas y un 7 por ciento en dólares.
La FITA sostiene que este escenario es posible gracias a la “competencia fraudulenta” habilitada por la apertura comercial. La federación señala que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años han beneficiado primordialmente a los productos importados.
Mientras tanto, la producción nacional debe lidiar con una carga tributaria elevada, costos operativos altos, deficiencias en la logística y una falta de financiamiento que impide sostener tanto la inversión como el empleo. A este complejo cuadro se suma la competencia con plataformas internacionales como Shein y Temu, que comercializan sus productos sin el pago de aranceles.
Finalmente, la federación subrayó que el sector textil argentino posee competitividad. Por ello, aclararon que el núcleo del problema no reside en la apertura comercial per se, sino en la subfacturación de las importaciones. El informe indica que más del 70 por ciento de los productos ingresan al país con valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, llegando en muchos casos a precios que no cubren siquiera el costo de la materia prima principal. Ante esto, Pro Tejer y la FITA reclaman al Gobierno el cumplimiento de la normativa de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa.
