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Buscado por la Policía presidente de empresa constructora del CRU de San Miguelito

Luis Alberto Gaitán Mendoza, el hombre buscado por la Policía Nacional (PN) por delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo y corrupción de funcionarios, es el presidente y representante legal de la emp...

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Buscado por la Policía presidente de empresa constructora del CRU de San Miguelito

¿Qué sucede cuando el hombre a cargo de una obra pública millonaria es buscado por la policía? Se trata de Luis Alberto Gaitán Mendoza, presidente y representante legal del Consorcio HCG, la empresa encargada de construir el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Gaitán es buscado por la Policía Nacional por delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo y corrupción de funcionarios.

La obra fue adjudicada por la Universidad de Panamá en el año 2019 por un monto de 65.9 millones de dólares. Siete años después, el proyecto sigue sin estar listo y el costo ya asciende a casi 88.3 millones de dólares.

El socio de Gaitán, Juan José Zonta Sing, quien figura como tesorero y secretario de la empresa, es también presidente del club Sporting San Miguelito, equipo que anteriormente estuvo presidido por el diputado Raúl Pineda.

El Ministerio Público ha puesto la lupa sobre el Consorcio HCG debido a informes de transacciones bancarias sospechosas. Se indica que el diputado Pineda, su hijo Abrahan Rico Pineda y otras dos personas detenidas en el operativo antinarcóticos Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU. Estas transferencias habrían ocurrido incluso cuando la operación Jericó ya estaba en marcha.

Según la Fiscalía Primera de Drogas, este dinero habría sido utilizado para capitalizar propiedades, vehículos de lujo y depósitos a plazo fijo cuyos beneficiarios son Zonta y Gaitán. Esto plantea una interrogante crítica: si estos dineros se encuentran rotando en el sistema bancario, ¿con qué fondos se está financiando realmente la construcción del proyecto universitario?

Al respecto, la Universidad de Panamá se desvinculó del uso de esos dineros, sosteniendo que no tiene responsabilidad sobre la gestión de los fondos entregados a su contratista para el desarrollo de la obra.

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