La conocida creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, Natalie Monroe, cuyo nombre de pila es Kylie Leia Perez, fue sentenciada a un año de cárcel en Estados Unidos tras ser hallada culpable de presentar una declaración de impuestos falsa y de incumplir con el pago de sus obligaciones tributarias correspondientes. Además de la pena privativa de la libertad en un centro penitenciario, la influencer deberá afrontar un periodo adicional de un año bajo la modalidad de libertad supervisada.
La información fue dada a conocer por el periodista Renzo Alvarez, detallando los pormenores de un caso que ha llamado la atención debido a los millonariosmontos involucrados en la actividad digital de la sentenciada. De acuerdo con los datos recopilados, la joven de 31 años logró amasar una considerable fortuna gracias a sus diversas actividades en las redes sociales.
Específicamente, Kylie Leia Perez obtuvo más de 5,4 millones de dólares a través de los ingresos generados por sus suscriptores en OnlyFans, quienes pagaban de manera recurrente para poder acceder a las transmisiones en vivo y al contenido exclusivo que la creadora compartía en dicha plataforma digital. La magnitud de su presencia en internet quedaba reflejada en su comunidad de seguidores, ya que contaba con más de 2,8 millones de seguidores repartidos en distintas plataformas digitales, incluyendo la red social Instagram.
Sin embargo, el éxito financiero alcanzado en el entorno digital vino acompañado de graves irregularidades legales en el ámbito fiscal. Según información citada por el medio The Independent, en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023, Perez dejó de pagar al menos 1,5 millones de dólares correspondientes al impuesto a la renta en los Estados Unidos.
Ante esta situación, la investigación penal quedó a cargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia federal encargada de la recaudación de impuestos y del cumplimiento de las leyes fiscales en el país norteamericano. Como resultado de las indagaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes, la influencer fue formalmente acusada de presentar una declaración tributaria falsa que correspondía al ejercicio fiscal del año 2019, sumado a cuatro cargos específicos por no pagar el impuesto a la renta durante los cuatro años posteriores de manera consecutiva.
El proceso legal avanzó y el pasado 20 de mayo la creadora de contenido decidió declararse culpable de los cargos que se le imputaban. Posteriormente, el 20 de agosto, un juez dictó la sentencia definitiva que la condena a cumplir un año de prisión, medida que será seguida por otros 12 meses de libertad supervisada.
Cabe destacar que, durante el desarrollo del proceso judicial, la influencer se enfrentaba a una pena máxima de hasta siete años de cárcel. No obstante, su condena se redujo de manera considerable tras haber optado por declararse culpable ante la justicia estadounidense.
El caso ha servido para que las autoridades refuercen su postura frente a los delitos de evasión fiscal cometidos por figuras públicas y creadores de contenido digital. "Evitar el pago de los impuestos adeudados es una violación de nuestras leyes fiscales federales. Continuaremos procesando a quienes cometan estos delitos de manera intencional", expresó de manera categórica el fiscal federal Gregory W. Kehoe, en declaraciones que fueron recogidas por los medios de comunicación que cubrieron el caso.
En paralelo a este proceso penal, el aparato gubernamental de Estados Unidos ha venido implementando nuevas medidas para frenar los delitos de índole financiera. En abril de este mismo año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció de manera oficial la creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude, un organismo institucional que ha sido destinado específicamente para combatir el robo o el uso indebido de los fondos de los contribuyentes en el país.
Asimismo, dentro de las acciones gubernamentales orientadas a este fin, el presidente Donald Trump creó un grupo de trabajo que se encuentra encabezado por el vicepresidente JD Vance. Dicho grupo de trabajo tiene como objetivo principal combatir de manera frontal el fraude, el despilfarro y el abuso en los diferentes programas federales de beneficios, marcando una línea estricta de control financiero y legal que afecta tanto a ciudadanos comunes como a personalidades con altos ingresos en plataformas de internet.
