EJIDO LA MOTA, COAHULIA.— Un conflicto por la posesión de tierras ejidales que se extiende por más de 25 años mantiene enfrentadas a distintas partes en la región, según declaraciones recientes de Gerardo Rocha, quien se identificó como representante de la Cooperativa La Conquista. De acuerdo con el vocero, diversos peritajes y documentos oficiales respaldan de manera legal la propiedad de los terrenos a favor de la organización que representa.
Durante su estancia a las afueras de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Palaú, donde esperaba su turno para ser atendido, Rocha explicó que a lo largo de los años se han presentado numerosas pruebas dentro del proceso. Afirmó categóricamente que la titularidad del terreno corresponde a la cooperativa, basándose en dictámenes técnicos. "No lo digo yo, lo dice un perito federal y un perito topógrafo de la propia Fiscalía", declaró ante los medios.
El representante de la cooperativa señaló que el problema ha llegado a politizarse en ocasiones, una situación que los integrantes de la organización han intentado evitar a toda costa. En este sentido, detalló que, tras una asamblea interna, determinaron seguir el curso de la controversia estrictamente por la vía legal. Sin embargo, sostuvo que en el camino han enfrentado diversos bloqueos derivados de intereses económicos, lo que a su juicio ha provocado una notable lentitud en la resolución definitiva del conflicto.
Respecto a la ubicación y extensión de las superficies en disputa, Rocha indicó que los terrenos se encuentran en la Villa de Esperanzas y aclaró que estos no corresponden al ejido La Mota. Especificó que se trata de una extensión territorial de 5 mil hectáreas o más. Asimismo, aseguró que un perito determinó que dichos terrenos no son ejidales y denunció que los documentos presentados por la contraparte carecen de firmas válidas.
En contraste con los documentos presentados por la parte opuesta, el representante legal y de la cooperativa afirmó contar con un título de propiedad que data del año 1898, el cual corresponde a un plano inscrito debidamente en el Registro Público de la Propiedad, además de disponer de una copia certificada del mismo. Añadió que la organización cuenta con otros elementos probatorios que acreditan la legal posesión, entre los cuales mencionó contratos de compraventa y certificados de libertad de gravamen.
Por otra parte, Rocha cuestionó de manera directa el desempeño institucional de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Agrario. Acusó que existen irregularidades en el desarrollo del proceso legal y señaló que se ha otorgado valor probatorio a documentos que, según reiteró, carecen de las firmas requeridas por la ley.
Para finalizar, el representante de la Cooperativa La Conquista manifestó que los ejidatarios se encuentran en su derecho de presentar las denuncias que consideren pertinentes ante las instancias correspondientes, y advirtió que él mismo continuará ejerciendo ese derecho en defensa de sus intereses. Asimismo, hizo mención sobre la maquinaria que se utiliza para las labores de extracción de lama, la cual permanece detenida actualmente, señalando que mantener los equipos parados representa un costo económico directo para su persona.
