El Ministerio de Energía y Minas (Minem), actuando a través de su Oficina General de Gestión Social (OGGS), ha desplegado una misión técnica y social en la Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, ubicada en el departamento de Cusco. Esta intervención tiene como objetivo principal establecer un canal de comunicación directo con la población local, quien se encuentra situada en la zona de influencia directa del proyecto Camisea, para atender sus demandas y propiciar un espacio de diálogo constructivo entre los representantes comunitarios y la empresa Pluspetrol.
El despliegue territorial se inició el pasado domingo 6 de setiembre, momento en el cual el equipo especializado de la OGGS arribó al Aeródromo Nuevo Mundo. Desde este punto estratégico, las autoridades iniciaron el traslado hacia la localidad, reafirmando así la presencia del Estado peruano en el distrito de Megantoni, perteneciente a la provincia de La Convención. Esta acción se enmarca dentro de las estrategias de prevención y gestión de conflictos sociales que implementa el Ejecutivo para evitar el escalamiento de tensiones en zonas extractivas.
Durante su estancia en la zona, los funcionarios del Minem priorizaron el contacto directo con las autoridades locales. En este sentido, el equipo estableció una comunicación formal con el jefe de la comunidad, Walter Dalguerre, así como con diversos miembros de la población que se encuentran actualmente en la plataforma Mipaya. El propósito fundamental de estos encuentros fue recolectar de primera mano las solicitudes de los ciudadanos y buscar una salida concertada que permita garantizar la paz social en la región.
Uno de los puntos neurálgicos de la jornada de diálogo fue la denuncia sobre las deficiencias en el suministro eléctrico. La comunidad Carpintero-Kirigueti manifestó formalmente la necesidad urgente de contar con un servicio de energía eléctrica que sea estable y permanente, con una disponibilidad de 24 horas al día. Según expusieron los comuneros, la situación actual es precaria, ya que el abastecimiento de energía que provienen de Malvinas es inestable, permitiendo que la población disponga del servicio únicamente durante un periodo aproximado de dos a tres días por semana. Esta limitación energética impacta directamente en la calidad de vida y el desarrollo de las actividades cotidianas de las familias de la zona.
Además de la problemática energética, la comunidad planteó exigencias claras respecto a la responsabilidad social de la empresa operadora. Los habitantes de Carpintero-Kirigueti solicitaron expresamente que la empresa Pluspetrol designe representantes oficiales que se trasladen físicamente a la zona para sostener reuniones directas con la población. Los comuneros enfatizaron que no basta con gestiones remotas, sino que requieren la presencia física de la empresa en su territorio para discutir las soluciones a los problemas planteados.
En relación con la mediación de este conflicto, la comunidad solicitó la intervención activa de la Oficina General de Gestión Social del Minem. Específicamente, pidieron que la OGGS actúe como facilitadora del diálogo entre las partes y que, una vez alcanzados los compromisos, la entidad estatal asuma un rol vigilante en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que pudieran pactarse.
Tras varias horas de intensas coordinaciones y diálogo directo con la población, el equipo del Ministerio logró generar una apertura favorable por parte de la comunidad. Los representantes locales manifestaron su voluntad de privilegiar la vía del diálogo sobre otras formas de protesta, permitiendo que continúen las gestiones administrativas y sociales para propiciar el espacio de encuentro con la participación de Pluspetrol.
Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas reafirmó su compromiso institucional de fortalecer la articulación entre las comunidades nativas, las empresas privadas y las diversas entidades del Estado. El organismo señaló que su meta es promover soluciones integrales que no solo contribuyan a la paz social, sino que también permitan el cierre de brechas energéticas, lo cual se traduce en la generación de mejores oportunidades de desarrollo para las familias residentes en las zonas de influencia de los proyectos energéticos del país.
