El país se encuentra conmocionado ante la confirmación de la trágica muerte de Ayme, una adolescente de apenas 15 años, en un caso que ha dejado al descubierto un escenario estremecedor de abuso, impunidad y una profunda complicidad familiar. La menor falleció en las instalaciones de un hospital de tercer nivel ubicado en el municipio de Montero, lugar donde permanecía internada mientras luchaba contra un cuadro médico sumamente complejo y delicado que terminó por mermar sus posibilidades de supervivencia.
La salud de la víctima se vio devastada por una serie de padecimientos interconectados. Ayme padecía de VIH, virus con el cual fue contagiada como consecuencia de haber sido sometida a agresiones sexuales incesantes y devastadoras desde que tenía tan solo 11 años. El autor de estos ataques fue identificado como su propio tío materno, José Luis Renjifo Apura. La gravedad de la situación se intensificó cuando, posteriormente, a la menor le fue diagnosticado cáncer de colon, anemia profunda y neumonía. Esta combinación de enfermedades críticas fue la que finalmente provocó su lamentable fallecimiento, cerrando un ciclo de sufrimiento físico y psicológico.
En medio de este dolor incalculable, el padre de la adolescente decidió romper el silencio y acudir a los medios de comunicación para denunciar públicamente la atrocidad cometida contra su hija. El progenitor no solo exigió que el crimen no quede impune, sino que reveló detalles estremecedores sobre el rol de la madre de la menor. Según su declaración, la progenitora mantuvo una perversa complicidad con el agresor, llegando al extremo de amenazar a la niña para evitar que relatara el calvario que vivía. Asimismo, la madre habría trabajado activamente para mantener a Ayme completamente alejada de la figura de su padre, asegurando así el hermetismo sobre los abusos.
El proceso de atención médica llevó a la familia a trasladarse desde Yapacaní hasta el municipio de Montero. Fue en este contexto donde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervino de manera activa, procediendo a la elaboración de un informe psicosocial detallado. Durante este proceso, a pesar de su estado de salud, la víctima manifestó con firmeza su deseo de que se hiciera justicia por los daños sufridos durante los últimos cuatro años de su vida.
La respuesta judicial no se hizo esperar ante la contundencia de los antecedentes presentados por el fiscal asignado al caso, Juan Pablo Sánchez. En una audiencia cautelar, la justicia determinó que existían elementos suficientes para enviar a la madre, identificada como Rosalía Renjifo Apura, a la cárcel de Cerprom. Se le dictó detención preventiva por un periodo de 180 días, siendo procesada bajo el delito de encubrimiento, debido a su rol en la protección del agresor y la intimidación hacia la víctima.
Mientras la madre se encuentra ya bajo custodia carcelaria, las autoridades policiales han intensificado la búsqueda del principal responsable. Se ha emitido una orden de aprehensión contra José Luis Renjifo Apura, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La Policía Boliviana ha desplegado operativos intensos para dar con su paradero, mientras que la sociedad cruceña, profundamente impactada por el nivel de crueldad y encubrimiento demostrado en este hecho, ha manifestado su indignación.
Diversos colectivos sociales en Santa Cruz han exigido que se refuercen de manera inmediata los controles policiales en carreteras y fronteras, con el objetivo primordial de evitar que el depredador logre huir del país. Por su parte, los familiares de Ayme hacen un llamado desesperado a la población general para que cualquier información que permita localizar a José Luis Renjifo Apura sea reportada de inmediato a las autoridades. El clamor de la familia es claro: capturar al agresor para que responda por sus actos y evitar que otras niñas o adolescentes sufran un destino similar al de Ayme.
