El concejal de la comuna de Los Ángeles, José Salcedo, ha anunciado que solicitará formalmente una investigación ante la Contraloría General de la República debido a una situación que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de los recursos municipales. El motivo de esta acción es la difusión de un video en redes sociales donde se observa cómo un camión recolector de basura ingresa al domicilio particular del alcalde de la comuna, José Pérez.
Este hecho ha desencadenado una serie de acusaciones sobre un posible trato preferencial hacia la máxima autoridad comunal de la región del Bío Bío. El concejal Salcedo, actuando bajo su rol fiscalizador, ha manifestado que es su deber recabar todos los antecedentes necesarios y solicitar la intervención del organismo contralor para esclarecer los hechos y determinar si existió una vulneración a las normativas vigentes.
La controversia se originó a partir de una grabación realizada por Joaquin Sanhueza Villamán. El ciudadano, quien capturó las imágenes del camión ingresando a la propiedad del alcalde, no solo difundió el material, sino que también presentó una solicitud de fiscalización administrativa ante la Contraloría. Villamán pide que se revisen minuciosamente las actuaciones y los registros de la Municipalidad de Los Ángeles para corroborar la irregularidad del hecho.
Para sustentar esta denuncia, se ha solicitado a la Contraloría que la verificación se realice mediante el análisis de diversos instrumentos técnicos y administrativos. Entre los elementos requeridos para la auditoría se encuentran la documentación municipal, los registros de acceso, las imágenes de las cámaras de seguridad disponibles, los datos de GPS de los vehículos recolectores, las bitácoras de ruta y los actos administrativos relacionados con el servicio de aseo.
Un punto crítico de la denuncia presentada por Joaquin Sanhueza Villamán es la presunta responsabilidad de un familiar directo de la autoridad. Según informó Villamán a la Contraloría, estos hechos habrían sido instruidos por orden de un hijo del alcalde Pérez. El denunciante sostiene que dicha persona habría ejercido funciones como Inspector Técnico de Contrato (ITC) del contrato de extracción y recolección de residuos domiciliarios en la comuna de Los Ángeles, lo que añadiría una capa de complejidad administrativa al caso.
Ante este escenario, el concejal José Salcedo profundizó en las razones técnicas por las cuales considera que este hecho es grave. El edil señaló que, según las bases de la licitación reciente para el servicio de recolección de basura, existe una especificación clara sobre el alcance del trabajo. Según Salcedo, el contrato establece explícitamente que los residuos domiciliarios que deben ser retirados por los camiones municipales son únicamente aquellos que se encuentren en bienes de uso público.
"Me pareció bien extraño", explicó el concejal Salcedo al referirse a las imágenes, enfatizando que el ingreso de un vehículo de servicio público a un predio privado contraviene lo estipulado en las bases del contrato. En este sentido, el concejal advirtió que este hecho podría constituir una malversación de fondos o recursos, dado que el retiro de residuos dentro del domicilio particular del alcalde no estaba contemplado ni autorizado dentro de las bases licitatorias.
Salcedo reiteró la necesidad de que la Contraloría se pronuncie oficialmente para aclarar lo sucedido, subrayando que el camión recolector debe atender exclusivamente las necesidades del espacio público. Para el concejal, realizar recolecciones en predios particulares constituye una falta administrativa, la cual se vuelve aún más grave cuando es beneficiario una autoridad comunal, quien, según sus palabras, debe dar el ejemplo en términos de buen uso y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El caso permanece ahora a la espera de que la Contraloría General de la República determine si iniciará el proceso de fiscalización administrativa y si los antecedentes presentados, incluyendo el video y las solicitudes de revisión de GPS y bitácoras, son suficientes para establecer una irregularidad en el ejercicio de las funciones municipales.
