Un trágico multihomicidio ha conmocionado a la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, junto a tres integrantes de su círculo cercano y su mascota. Los hechos, ocurridos el pasado 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, han revelado una trama de traición financiera, el uso de criptomonedas y un historial de fraudes por parte del presunto responsable.
Las víctimas de este ataque fueron Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años, quien se encontraba en su cuarto mes de embarazo; su hija de apenas 3 años y una trabajadora doméstica de 21 años. El crimen se llevó a cabo en un lapso comprendido entre las 17:30 y las 19:40 horas. En el lugar también fue hallado el cuerpo sin vida de la mascota de la familia, un perro que fue encontrado maniatado. El único sobreviviente de la tragedia es el hijo de Meléndez, un niño de 6 años que fue localizado con vida y sin presentar signos de violencia física.
Las investigaciones dirigidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan como principal responsable a Diego Sebastián Rosen, un ciudadano argentino de 51 años. Rosen no era un desconocido para la familia, sino que mantenía una relación de sociedad comercial con Meléndez en un negocio de rentas vacacionales que operaba bajo diversos nombres comerciales. Según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el imputado aprovechó este vínculo de confianza para lograr el ingreso al domicilio y ejecutar el ataque.
La captura de los implicados se dio en dos etapas el 2 de septiembre. Primero fue detenido Gerardo “N”, señalado como chofer y cómplice, a las 07:47 horas en la colonia Los Héroes Tecámac. A este hombre, Rosen le habría prometido un pago de 2 millones de pesos a cambio de su participación en el crimen. Poco después, a las 09:25 horas, Diego Sebastián Rosen fue capturado sobre la carretera México-Toluca, específicamente en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.
De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el momento de la detención de Rosen estuvo marcado por intentos de evasión legal mediante sobornos. El detenido confesó a los agentes que, en los minutos posteriores a su captura, había transferido bitcoins a su esposa, quien reside en España. Rosen ofreció solicitar a su cónyuge que le devolviera el equivalente a 1.5 millones de pesos para entregárselos a los agentes de la Fiscalía a cambio de evitar ser procesado y obtener su libertad. Además, el presunto homicida propuso enseñar a los oficiales el método para convertir las criptomonedas en efectivo sin dejar rastro. No obstante, la oferta fue rechazada y Rosen quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca.
El móvil del crimen estaría relacionado con la ambición económica. La Fiscalía mexiquense sostiene que Rosen y su cómplice ingresaron al inmueble buscando un dispositivo físico conocido como "caja fría", el cual almacenaría cantidades millonarias de dólares en bitcoins. Durante el encuentro, Meléndez habría amenazado a los agresores advirtiendo que terceras personas tenían conocimiento de su presencia en el lugar, situación que escaló la disputa hasta culminar en el multihomicidio. Asimismo, se investiga un conflicto económico previo entre los socios por un cobro pendiente de 300,000 pesos.
El perfil de Diego Sebastián Rosen revela un historial delictivo previo. Quince días antes de los asesinatos, ya contaba con una orden de aprehensión por fraude específico, aunque un juez federal le había otorgado un amparo el 17 de agosto que evitaba su detención. Además, existen reportes de usuarios de plataformas de renta vacacional en Cuernavaca, Tequesquitengo y Acapulco que lo señalan, junto a una mujer llamada Paola, por fraudes en hospedajes bajo las marcas +Relax y NOMAD P.M. Una de las denuncias documentó más de once afectados, con una pérdida cercana a los 500,000 pesos.
Actualmente, los investigados enfrentan cargos graves. La Fiscalía del Estado de México ha señalado que, por cada una de las cuatro víctimas de homicidio calificado, los imputados podrían recibir sentencias que oscilan entre los 25 y 70 años de prisión.
