Un juez de la República ha tomado una decisión polémica: ordenó al presidente Abelardo De La Espriella suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde pueda existir la presencia de menores de edad.
Esta medida es el resultado de una tutela radicada por Ower Jimmy Borda Parra, abogado, sociólogo y promotor de derechos humanos. El recurso surge tras la muerte de varios menores en operativos aéreos, fundamentándose en que la Constitución de 1991 protege la vida de esta población bajo el principio de intereses superiores.
Borda Parra sostiene que, aunque los grupos armados utilizan el reclutamiento de niños y adolescentes como estrategia para evitar ataques, el Estado colombiano cuenta hoy con la tecnología e inteligencia militar necesaria para ser selectivo en sus blancos y proteger a los menores.
El abogado también realizó aclaraciones importantes. Primero, desmintió rumores sobre vínculos contractuales con el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que nunca ha tenido contratos con su alcaldía ni su presidencia. Segundo, corrigió al ministro del Interior, Lara, señalando que el recurso judicial no es "apelable", sino "impugnable".
Sobre la estrategia de seguridad, Borda Parra propone una "doble vía". Considera un error que el gobierno de De La Espriella haya cerrado las puertas al diálogo, argumentando que para debilitar a los grupos criminales es necesario combinar las ofensivas militares con una política de paz. Según el jurista, mientras que el gobierno de Petro fue generoso en el diálogo pero no contundente en las ofensivas, el actual gobierno ha fallado al no generar dicha apertura negociadora.
El objetivo final de la tutela es que se revisen los protocolos operativos y se implemente un plan preventivo para disminuir el reclutamiento forzado, asegurando que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones constitucionales.
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