¿Y si un certificado que hoy duerme en una gaveta se convirtiera en dinero real para comprar bienes y servicios?
Se trata del proyecto de Ley 663, aprobado en primer debate. La propuesta busca darle liquidez a los CEPANIM, los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora, permitiendo que los comercios los reciban por el cien por ciento de su valor.
El atractivo para los establecimientos es claro: quienes acepten estos certificados podrían utilizarlos posteriormente como crédito fiscal para cubrir hasta el sesenta y cinco por ciento del Impuesto Sobre la Renta. Para un jubilado, esto significa que un documento reconocido por el Estado podría transformarse finalmente en capacidad de compra y bienestar.
Sin embargo, el proyecto tiene una letra pequeña que preocupa. Si estos certificados comienzan a circular, podría surgir un mercado secundario. El riesgo es que aparezcan intermediarios que compren los CEPANIM a los jubilados con descuento, aprovechando la necesidad de efectivo inmediato para capturar ellos la mayor parte del beneficio.
Además, existe un desafío fiscal. El Estado deberá determinar con precisión cuánto dinero dejará de ingresar a la recaudación tributaria debido a este beneficio para las empresas. Por ello, la trazabilidad y los controles serán fundamentales.
Es importante recordar que la Ley 663 apenas avanzó en primer debate y aún debe continuar su recorrido legislativo. Durante este proceso, deberán aclararse las reglas para evitar que el beneficio se desvíe.
La pregunta central es clara: si los CEPANIM entran al mercado, ¿quién cobrará, quién ganará y quién pagará la cuenta?
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