La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentará hoy ante su Consejo Permanente un informe detallado sobre la situación política y social de Bolivia, el cual contiene conclusiones fundamentales sobre el manejo de la reciente crisis que afectó al país durante 53 días. El documento, elaborado por una misión de alto nivel creada en el mes de junio, ofrece un respaldo explícito a la continuidad del mandato presidencial de Rodrigo Paz, validando la respuesta implementada por el Gobierno para enfrentar el conflicto social.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso EL DEBER, la misión de la OEA sostiene que el mandato surgido de las urnas debe ser respetado íntegramente. En este sentido, el informe considera que el orden democrático de la nación se vio amenazado por la implementación de bloqueos coercitivos, actos de violencia y los intentos de diversos sectores sociales de forzar la renuncia del presidente Paz. A pesar de estas conclusiones, la organización internacional optó por no identificar específicamente a los actores responsables de estas acciones ni calificar los hechos como un golpe de Estado.
Un punto relevante del informe es la valoración positiva hacia la gestión del Ejecutivo durante el estado de excepción, el cual se mantiene vigente hasta la fecha. La OEA destaca que el Gobierno de Rodrigo Paz priorizó el diálogo y la contención, evitando recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública para restablecer el orden. Esta postura es presentada como un factor clave en la gestión de la crisis social que se prolongó por casi dos meses.
El impacto humano y judicial del conflicto ha sido cuantificado en el reporte basándose en datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo. El saldo final de las movilizaciones y bloqueos asciende a 22 personas fallecidas; de este total, 19 eran ciudadanos que no formaban parte de las movilizaciones y tres eran manifestantes. Dentro de estas cifras se incluyen seis personas que perdieron la vida en un accidente de una aeronave militar que se encontraba realizando tareas de inspección en una de las rutas bloqueadas. En el ámbito legal, el conflicto ha dejado un saldo de 255 personas procesadas y aproximadamente 40 sentencias abreviadas.
Para prevenir la recurrencia de conflictos similares y fortalecer la estructura democrática del país, la misión de la OEA ha planteado nueve tareas urgentes. La primera recomendación se centra en la defensa de los mandatos democráticos, seguida por la necesidad de crear un diálogo plural y permanente entre los sectores sociales. Asimismo, se propone el establecimiento de sistemas de alertas tempranas para detectar focos de conflicto antes de que escalen.
En materia de inclusión y derechos, la OEA recomienda garantizar la participación efectiva de los sectores indígenas y campesinos, así como proteger el derecho a la protesta pacífica, asegurando que no se afecten terceros ni los servicios esenciales del país. En el plano económico, el informe insta a la reactivación de la economía nacional.
Respecto a la libertad de prensa y la transparencia, la misión sugiere proteger el ejercicio del periodismo y urges la aprobación de una ley de acceso a la información. Cabe destacar que esta normativa ya ha sido aprobada por el Senado y se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su validación final. Finalmente, las recomendaciones incluyen la investigación de los actos de violencia bajo el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional tanto de la Defensoría del Pueblo como de la transparencia en el sistema judicial.
La misión que redactó estas conclusiones estuvo liderada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. El equipo llegó a territorio boliviano el pasado 29 de julio y, durante una estancia de dos días, instaló cuatro mesas de diálogo distribuidas entre las ciudades de La Paz y Santa Cruz. En estos encuentros participaron autoridades gubernamentales, sectores productivos, transportistas, representantes indígenas y campesinos, sindicatos, periodistas, académicos y diversos actores de la sociedad civil.
La sesión en Washington, donde se expondrá el informe ante el Consejo Permanente, contará con la representación de Bolivia a través del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. El documento llega en un momento en que el país busca estabilizar sus instituciones, mientras que José Luis Lupo, quien fue designado embajador permanente ante la OEA, aún se encuentra pendiente de su acreditación oficial.
