La entrada en vigor de las nuevas normativas de seguridad vial y control emitidas por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ha generado una serie de reacciones en el sector productivo de San Cristóbal, estado Táchira. En este contexto, diversos empresarios dedicados al servicio de Delivery han manifestado su preocupación, señalando que el riesgo real en las vías públicas no proviene necesariamente de quienes operan bajo la ley, sino de un creciente número de jóvenes inexpertos que ejercen la actividad de forma ilegal.
De acuerdo con los testimonios recogidos en la entidad, existe una preocupación latente sobre la proliferación de repartidores independientes que operan fuera de las plataformas organizadas y legalmente constituidas. Estos trabajadores, que no cuentan con el respaldo de una estructura empresarial, se lanzan al tráfico vehicular sin ningún tipo de supervisión técnica ni control institucional, lo que incrementa la vulnerabilidad tanto de ellos mismos como de los demás ciudadanos que transitan por las calles de la ciudad.
Italia Hernández, socia de una empresa de Delivery formalmente constituida en San Cristóbal, detalló que su organización ya ha implementado medidas preventivas que se alinean, y en algunos casos se adelantan, a lo estipulado en la nueva ley. Según explicó Hernández, su empresa mantiene criterios estrictos de contratación para mitigar riesgos, destacando que no aceptan a personas menores de 25 años para realizar las entregas, buscando así garantizar que el conductor posea una mayor madurez y experiencia al volante.
Además de la restricción de edad, la empresaria señaló que su compañía lleva a cabo un monitoreo constante sobre la forma de conducir de sus trabajadores. Esta supervisión tiene como objetivo primordial evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer la integridad de las personas en las vías públicas, así como resguardar la mercancía que es trasladada. Asimismo, Hernández informó que desde hace varios meses se encuentran estudiando diversas opciones de aseguradoras con el fin de contratar seguros médicos para todo su personal, reforzando así el compromiso con la seguridad laboral y vial.
Desde la perspectiva empresarial, se enfatizó la injusticia que representa la competencia desleal. Hernández manifestó que resulta inequitativo que las empresas legalmente constituidas cumplan con el pago de impuestos y se mantengan al día con todas las normativas vigentes, mientras que un sector considerable de personas opera en la ilegalidad, evadiendo las responsabilidades fiscales y los controles de seguridad.
Uno de los puntos más críticos discutidos es la exigencia de asistir a escuelas de manejo, un requisito detallado en la normativa del INTT. Sobre este aspecto, Italia Hernández fue enfática al reclamar que esta obligación debería aplicarse rigurosamente a todos los ciudadanos venezolanos al momento de tramitar su licencia de conducir. La empresaria criticó duramente la práctica común de obtener el documento de identidad conductor a través de gestores, quienes facilitan el proceso mediante pagos sin que el solicitante tenga que presentarse a exámenes reales de conducir.
Por otro lado, los trabajadores del sector también han expresado su postura. Dixon Cárdenas, conductor de Delivery, aseguró que los motorizados tienen la disposición de apegarse a las normas impuestas por el organismo rector del transporte. No obstante, Cárdenas lanzó una advertencia fundamental: para que estas normativas tengan un efecto real y positivo en la seguridad vial, es imperativo erradicar la corrupción.
El conductor subrayó la necesidad de crear sistemas transparentes de control donde se eliminen las denominadas "matracas" y los cobros irregulares. Para los motorizados, la efectividad de la ley no depende únicamente de la redacción de las normas, sino de la honestidad con la que estas sean aplicadas por las autoridades en los puntos de control.
En resumen, mientras el INTT busca organizar el flujo y la seguridad del transporte terrestre, el sector del Delivery en San Cristóbal hace un llamado a que la ley sea aplicada de manera uniforme. La demanda es clara: que se combata la informalidad de los repartidores independientes y que se sanee el sistema de licencias y fiscalización, eliminando la corrupción para que la seguridad vial sea una realidad y no solo un conjunto de reglamentos en papel.
