En una acción coordinada de seguridad marítima, las fuerzas de Estados Unidos y el Gobierno de Ecuador ejecutaron el pasado 2 de septiembre una operación de interdicción en aguas internacionales del Pacífico Oriental. El objetivo de la misión fue una embarcación que, según datos proporcionados por la inteligencia estadounidense, operaba como una estación flotante de reabastecimiento, brindando apoyo logístico fundamental a las actividades de narcotráfico y, específicamente, a la organización criminal ecuatoriana conocida como Los Choneros.
La operación fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), siguiendo las directrices del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Esta intervención se desarrolló en estrecha coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, subrayando la alianza estratégica entre ambas naciones para combatir el crimen organizado transnacional en la región.
Desde el punto de vista táctico, la operación contó con el despliegue de marines estadounidenses procedentes del buque USS San Antonio (LPD 17). Los efectivos militares interceptaron, abordaron y registraron la nave sospechosa, logrando asegurarla sin que se reportaran incidentes durante el proceso de abordaje. Las personas que se encontraban a bordo de la embarcación fueron retiradas y quedaron bajo custodia de las fuerzas estadounidenses, con el objetivo de ser transferidas posteriormente a las autoridades ecuatorianas para los procedimientos legales correspondientes. Hasta el momento, el Comando Sur no ha revelado la identidad de los detenidos ni el número exacto de personas que fueron retiradas de la nave.
Una vez que la inspección fue completada y los ocupantes fueron evacuados, las fuerzas de los Estados Unidos procedieron a hundir la embarcación. De acuerdo con la información suministrada por el Comando Sur, la nave no era simplemente un transporte de sustancias ilícitas, sino un punto de apoyo logístico crítico para otras embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en alta mar. Al destruir la nave, las fuerzas aliadas lograron neutralizar lo que describieron como un “nodo crítico” dentro de la cadena de abastecimiento del narcotráfico, limitando la capacidad de maniobra y permanencia de las redes criminales en el océano.
Es importante destacar que, aunque la operación fue exitosa en términos de neutralización logística, la información difundida hasta ahora no precisa si se hallaron cargamentos de droga durante la inspección de la nave ni especifica la cantidad de sustancias que pudieron haber sido decomisadas.
La inteligencia de Estados Unidos permitió establecer un vínculo directo entre esta embarcación y Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que Washington ha calificado formalmente como narcoterrorista. Esta operación se enmarca dentro de las acciones ejecutadas por la Coalición Americana Contra Carteles (A3C) y la JTF-WHEM, cuyo propósito es afectar y desmantelar las estructuras logísticas que utilizan las redes de narcotráfico en el hemisferio occidental para movilizar sus cargamentos.
El general Francis L. Donovan enfatizó la importancia de este tipo de intervenciones, señalando que Estados Unidos está implementando “acciones decisivas” con el fin de desmantelar las redes logísticas utilizadas para movilizar drogas y, consecuentemente, extender la violencia en la región. El comandante subrayó que el objetivo es golpear la capacidad operativa de los grupos criminales en sus rutas de tránsito.
Esta intervención del 2 de septiembre no representa un hecho aislado, sino que se suma a una secuencia de operaciones similares. El pasado 28 de agosto, también en coordinación con el Gobierno de Ecuador, las fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron otra embarcación que había sido identificada como una estación flotante de abastecimiento vinculada a la misma organización, Los Choneros.
Este conjunto de acciones refleja un incremento notable en la cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a las operaciones marítimas contra el narcotráfico. La dinámica de trabajo quedó evidenciada en este operativo: mientras que los efectivos estadounidenses ejecutaron la interdicción directa en aguas internacionales, el Estado ecuatoriano asumió la responsabilidad de la custodia y el procesamiento legal de las personas retiradas de la nave.
