El economista Alejandro Grasanti, socio fundador de la firma Ecoanalítica, ha emitido una serie de advertencias respecto a la estructura y el impacto potencial del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, representado por la empresa NABEP. Según el análisis del experto, la configuración de este acuerdo podría derivar en una concentración de poder económico que requiere ser vigilada con extrema cautela para evitar riesgos institucionales en el país.
De acuerdo con la información analizada, NABEP representa los intereses de los Estados Unidos en un acuerdo que pone bajo su gestión una cuarta parte de las reservas petroleras venezolanas. Específicamente, la Casa Blanca ha señalado que la empresa recibió concesiones sobre 17 campos petroleros, los cuales cuentan con aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. Para poner esta cifra en perspectiva, Grasanti señala que este volumen de recursos es varias veces superior a las reservas probadas actuales de Chevron.
En términos de operatividad, el análisis parte de la premisa de que las proyecciones anunciadas se cumplan. Actualmente, la producción de NABEP es inferior a los 200.000 barriles diarios (b/d). No obstante, el acuerdo contempla un incremento significativo en los próximos diez años, buscando alcanzar una producción de entre 1,6 y 1,7 millones de barriles diarios (MB/D). Esto implicaría sumar aproximadamente 1,5 millones de barriles adicionales a la capacidad productiva actual.
Para estimar el valor económico de una operación de esta magnitud, Grasanti realizó un ejercicio financiero tomando como referencia a las grandes petroleras estadounidenses. El economista optó por utilizar a ConocoPhillips como punto de comparación central, debido a que su modelo de negocio está más concentrado en la exploración y producción, a diferencia de Exxon o Chevron, que son compañías integradas con amplias operaciones en refinación, petroquímica y comercialización.
Bajo una aplicación mecánica del múltiplo de ConocoPhillips, una empresa como NABEP, produciendo entre 1,6 y 1,7 MB/D, podría alcanzar una valoración de entre 110 mil y 117 mil millones de dólares. Sin embargo, el analista propone un escenario más conservador, aplicando un descuento de entre el 30% y el 50%. Esta reducción en la valoración se justifica por diversos factores críticos: la alta concentración de activos en Venezuela, el riesgo institucional del país, las enormes necesidades de inversión requeridas, la ausencia de un historial operativo comparable y el riesgo inherente a la ejecución del proyecto.
Con este descuento aplicado, la valoración estimada de NABEP se situaría en un rango de entre 55 mil y 82 mil millones de dólares. Grasanti aclara que este descuento podría reducirse con el tiempo si la empresa demuestra capacidad de ejecución efectiva, apoyada en la extraordinaria base de recursos que posee.
Uno de los puntos más sensibles del análisis reside en la estructura accionaria de la compañía. Según lo anunciado, el gobierno estadounidense poseería el 35% de la matriz de NABEP. El riesgo, advierte el economista, surge si el 65% restante permanece concentrado en manos de un solo propietario. Bajo los supuestos de valoración conservadora, dicha participación podría valer entre 36 mil y 53 mil millones de dólares.
Esta situación colocaría potencialmente a una sola persona entre las mayores fortunas de América Latina y al mando de una organización capaz de producir cerca del 50% del petróleo venezolano, con una capacidad comparable a la de los grandes actores petroleros a nivel internacional.
Grasanti enfatiza que Venezuela posee una historia marcada por los riesgos que genera la concentración de poder. En este sentido, sostiene que no sería prudente sustituir la concentración de poder del Estado por una concentración de poder económico privado sobre el principal recurso natural de la nación.
Ante este escenario, el economista insiste en la necesidad imperativa de que el acuerdo sea publicado en su totalidad. Considera fundamental conocer con transparencia la estructura accionaria, los derechos económicos, la gobernanza, la duración del contrato, las obligaciones de inversión, el régimen fiscal, los mecanismos de competencia y las condiciones específicas de las concesiones.
Si bien reconoce que el petróleo es una herramienta fundamental para la reconstrucción de Venezuela, Grasanti concluye que dicho proceso no debe permitir que la reconstrucción genere un poder económico capaz de condicionar las instituciones y la democracia del país. Aunque los números presentados son preliminares y dependen de supuestos fuertes, el analista recalca que la magnitud de las cifras amerita una discusión basada en la absoluta transparencia.
