El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, bajo la dirección del juez Saúl Álvarez, ha iniciado el debate judicial contra Byron Eduardo Ulín Ortiz, un trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien enfrenta cargos por el delito de incumplimiento de deberes. El proceso surge a raíz de un grave incidente ocurrido en julio de 2020, cuando se realizó la entrega equivocada de un cadáver a una familia que acudía a reclamar a su ser querido.
La acusación formal presentada por el Ministerio Público (MP) es contundente: sostiene que Ulín Ortiz, en su calidad de tanatólogo, entregó a los familiares un cuerpo que no correspondía al expediente solicitado. Esta negligencia provocó una situación crítica, ya que el cadáver que legalmente debía permanecer bajo el resguardo de la morgue y ser entregado a sus parientes terminó siendo trasladado al Cementerio de la Verbena, donde fue inhumado bajo la clasificación de persona desconocida (XX).
De acuerdo con los detalles expuestos por la Fiscalía durante el desarrollo del juicio, el cuerpo que fue entregado erróneamente a la familia ya se encontraba en las instalaciones del Inacif desde hacía al menos dos meses. Los informes señalan que dicho cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición y, lo que es más grave desde el punto de vista procedimental, carecía de brazaletes de identificación o cualquier otro elemento físico que permitiera confirmar su identidad antes de ser liberado de la institución.
Durante su declaración ante el tribunal, Byron Eduardo Ulín Ortiz presentó una versión de los hechos que busca trasladar la responsabilidad hacia las deficiencias estructurales y operativas de la morgue de Guatemala. El acusado relató que el 22 de julio de 2020 se le asignó la tarea de preparar nueve cadáveres para una inhumación programada para el día siguiente. En medio de esta carga laboral, una familia se presentó en las instalaciones para reclamar un cuerpo.
El tanatólogo afirmó que, al revisar el cadáver procedente del cuarto frío, notó que el cuerpo llevaba más de dos meses en la institución y no portaba el brazalete de identificación obligatorio. Ulín Ortiz aseguró que realizó una búsqueda exhaustiva de documentos o cualquier indicio de identidad dentro de la bolsa mortuoria, pero no halló información que le permitiera establecer con certeza la identidad del fallecido.
Uno de los puntos centrales de la defensa del acusado fue la denuncia de la falta de equipo técnico. Ulín Ortiz declaró ante el juez que el área de necropsias no contaba con una cámara fotográfica institucional para documentar el proceso de individualización de los cuerpos. Según su testimonio, solicitó el préstamo de un equipo a los médicos forenses de turno, pero la petición fue denegada debido a que las memorias de los dispositivos estaban saturadas con material de otros casos.
El imputado enfatizó que sus superiores estaban al tanto de esta carencia de equipo. Asimismo, explicó que decidió no utilizar su propio teléfono celular para tomar las fotografías necesarias por temor a contaminar el dispositivo, considerando que los hechos ocurrieron en el contexto de la pandemia de covid-19.
En su relato, el trabajador del Inacif sostuvo que recibió instrucciones claras de no entregar ningún cadáver sin identificación previa hasta que se realizara un estudio de huellas dactilares para confirmar la identidad. Afirmó haber comunicado esta situación a los familiares, quienes presuntamente aceptaron regresar al día siguiente para completar el proceso.
Sin embargo, el error se habría originado mientras el acusado atendía este caso. Ulín Ortiz explicó que quedaron dos cadáveres pendientes de preparación para la inhumación y que aceptó la ayuda de sus compañeros para avanzar en el trabajo, aunque les pidió esperar debido a la falta de identificación de uno de los cuerpos. No obstante, sus colegas se ofrecieron a completar la labor.
El acusado relató que, al regresar a la sala de necropsias, observó que uno de los cuerpos ya había sido embolsado. A pesar de que intentó abrir la bolsa para verificar la existencia del brazalete, sus compañeros le aseguraron que el procedimiento se había ejecutado de forma correcta. Basándose en esta afirmación, Ulín Ortiz colocó la hoja de individualización en la bolsa.
Posteriormente, al finalizar su turno al día siguiente, los cuerpos fueron trasladados al Cementerio de la Verbena, lugar donde se depositan los restos no identificados. Fue tiempo después cuando el trabajador recibió una llamada notificándole que se había detectado el envío de un cuerpo equivocado desde la morgue.
Finalmente, el procesado cuestionó la gestión administrativa del Inacif, señalando que solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad para respaldar su testimonio, pero que dicha solicitud fue procesada un año después del evento, momento en el cual las imágenes ya habían sido borradas, dado que el sistema solo almacenaba datos por un periodo de tres meses. El juicio continuará en los próximos días con la presentación de peritos y testigos propuestos por ambas partes.
