El Consejo Nacional de Educación (CNE), organismo vinculado al Ministerio de Educación de Brasil, ha aprobado nuevas directrices destinadas a regular la implementación y el uso de la inteligencia artificial (IA) dentro del sistema educativo del país. Esta medida busca establecer un marco normativo claro para que tanto las instituciones públicas como las privadas, en todos sus niveles, adopten la tecnología de manera responsable y ética.
Una de las disposiciones más destacadas de estas nuevas reglas es la prohibición taxativa del uso de sistemas de inteligencia artificial para corregir, evaluar o asignar calificaciones a redacciones y exámenes de carácter discursivo en todas las etapas de la enseñanza. El CNE ha dejado claro que el juicio humano es insustituible en los procesos de evaluación subjetiva, asegurando que la responsabilidad pedagógica permanezca en manos de los docentes.
En cuanto a las pruebas objetivas, el reglamento permite que la tecnología sea utilizada como una herramienta de apoyo. Sin embargo, se impone una condición fundamental: cualquier resultado generado por la IA deberá ser validado obligatoriamente por una persona. Asimismo, el organismo determinó que ninguna decisión relevante sobre la calificación o la aprobación de un estudiante podrá ser tomada exclusivamente por sistemas automatizados, eliminando la posibilidad de que un algoritmo decida el destino académico de un alumno sin intervención humana.
La protección de los estudiantes más jóvenes es otro pilar central de las nuevas directrices. El documento establece que los niños en edad de educación infantil y aquellos que cursen los años iniciales de la enseñanza fundamental, específicamente hasta el 5º año, no podrán tener acceso directo a herramientas de inteligencia artificial sin la supervisión adecuada. Esta medida tiene como fin salvaguardar a los menores durante la integración de estas tecnologías en el entorno escolar.
Otro punto crítico abordado por el CNE es el uso de los detectores de IA, herramientas diseñadas para identificar textos generados por máquinas. Las nuevas normas exigen cautela extrema en su aplicación, prohibiendo que el resultado de un detector de IA sirva, de manera aislada, como base para sancionar a un estudiante. El objetivo es evitar que una evaluación automatizada se convierta en la única evidencia para responsabilizar a un alumno por el presunto uso indebido de la tecnología, protegiendo así el debido proceso educativo.
Desde una perspectiva filosófica y pedagógica, el CNE describe estas orientaciones como un "filtro ético-pedagógico". El principio rector es que la inteligencia artificial debe actuar como un complemento para ampliar las capacidades humanas y educacionales, pero jamás sustituir la mediación pedagógica, la responsabilidad docente ni el juicio crítico de las personas.
Además de las restricciones, las directrices promueven una integración inteligente de la materia en el currículo. Las instituciones deberán incorporar la enseñanza sobre la IA de manera progresiva y transversal. Esto significa que el conocimiento sobre la tecnología no debe tratarse como un tema aislado o una asignatura separada, sino que debe desarrollarse a lo largo de toda la formación del estudiante.
En el ámbito de la seguridad, se exige que las escuelas y universidades adopten medidas estrictas para proteger los datos personales de los alumnos. Esto incluye la fiscalización rigurosa de los proveedores de tecnología utilizados en el ambiente educativo, buscando un mayor control sobre cómo las herramientas basadas en IA tratan la información de los estudiantes.
Para las universidades, el marco establece responsabilidades adicionales. Las instituciones de educación superior deberán desarrollar sus propias políticas internas para el uso de la IA, abarcando no solo las actividades de enseñanza, sino también las de investigación, extensión y gestión administrativa, reconociendo que la tecnología impacta de manera distinta en cada una de estas áreas.
Respecto a la implementación, las normas entrarán en vigor una vez que la resolución sea publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU). A partir de ese momento, los sistemas de enseñanza y las instituciones tendrán un plazo de 12 meses para adecuar sus políticas internas y contratos. No obstante, el CNE ha subrayado que las prohibiciones específicas detalladas en el parecer tendrán una aplicación inmediata.
