Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un acuerdo petrolero que, en sus líneas generales, se presenta como una apuesta prometedora para ambas naciones. Sin embargo, el pacto ha surgido rodeado de incertidumbre debido al desconocimiento de los detalles técnicos, la inestabilidad política de Venezuela y los antecedentes históricos de la industria en el país sudamericano.
El anuncio ha sido presentado como un golpe de efecto por el presidente Donald Trump, quien busca resaltar los logros de su gestión en un momento crítico. Trump enfrenta el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en los precios del combustible y el saldo de la guerra con Irán, que ya cumple seis meses. Además, el mandatario estadounidense busca revertir una caída en su popularidad; según una encuesta de CNN, entre febrero y agosto de 2025, el 63% de los estadounidenses desaprueba su gestión.
A través de su red social Truth Social, Trump calificó el pacto como "el mayor acuerdo petrolero de la historial mundial", señalando que Washington podría acceder a unos 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela, que ascienden a 300.000 millones. El presidente afirmó que esto reducirá el precio de los combustibles a largo plazo sin costo para los contribuyentes, aunque admitió en el Despacho Oval que los beneficios concretos no llegarán antes de las elecciones intermedias de noviembre.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el acuerdo asegurando que el país conservará la propiedad y soberanía de sus recursos. Según Rodríguez, el objetivo es utilizar el capital, la tecnología y la capacidad operativa externa para rescatar una industria deteriorada por años de corrupción, desinversión, politización y el peso de las sanciones estadounidenses. El gobierno venezolano aspira a convertirse nuevamente en una potencia energética y un exportador relevante de gas y petroquímica.
En términos financieros, el Gobierno de Venezuela informó que Estados Unidos desarrollará 17 campos estratégicos mediante una inversión superior a los 100.000 millones de dólares, lo que generaría más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado. No obstante, estas cifras han sido cuestionadas por expertos. El economista Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, calculó que el fisco venezolano recibiría apenas 3,2 dólares por barril extraído, una cifra drásticamente inferior a los 19 dólares por barril anunciados por Rodríguez.
El acuerdo también enfrenta serias críticas en cuanto a la legitimidad de quienes lo firmaron. Delcy Rodríguez ostenta el poder gracias a un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que calificó la ausencia de Nicolás Maduro como una "situación excepcional" para evitar la convocatoria a elecciones inmediatas. Esta falta de legitimidad electoral ha unido a sectores disidentes del chavismo y a la oposición moderada.
Entre las voces críticas destaca Manuel Quevedo, expresidente de PDVSA, quien denunció la opacidad y corrupción del actual liderazgo. Henrique Capriles, diputado y excandidato presidencial, afirmó que el gobierno actual está inhabilitado para comprometer las reservas de la nación. Por su parte, el exministro Rafael Ramírez calificó el pacto como "el mayor saqueo a nuestros recursos", asegurando que Venezuela ha sido convertida en una colonia norteamericana al entregar miles de millones de barriles por ingresos insuficientes.
La viabilidad a largo plazo del acuerdo es otra interrogante, especialmente para las empresas estadounidenses. Darren Woods, líder de Exxon Mobil, ya había expresado dudas previamente, recordando que sus activos fueron confiscados en Venezuela en dos ocasiones y exigiendo garantías duraderas. La historia de Venezuela muestra una tendencia a cambiar las reglas del juego según el gobierno de turno: desde el acuerdo "Fifty-Fifty" de 1943, pasando por la nacionalización de 1976 bajo Carlos Andrés Pérez, hasta la reversión de la apertura petrolera impulsada por Hugo Chávez en 2007.
Finalmente, el apoyo de Washington parece estar condicionado a un plan de transición política de tres fases propuesto por el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo objetivo final es la celebración de elecciones libres en Venezuela. Mientras tanto, la opacidad de los términos del acuerdo mantiene la duda sobre si este negocio será realmente beneficioso para el Estado venezolano o si será desconocido por futuros gobiernos que lo consideren lesivo para los intereses nacionales.
