Galo Hernán O. G., señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Santiago Ávalos, quien se desempeñaba como gerente financiero de la Universidad de Las Américas (UDLA), falleció en un centro hospitalario perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la provincia de Cotopaxi. La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada de la custodia de los procesados.
El deceso de Galo O. ocurre en un momento crítico, mientras las autoridades judiciales y policiales continúan desarrollando las investigaciones y diligencias necesarias para esclarecer el crimen cometido contra el directivo universitario. La muerte del sospechoso introduce una nueva variable en el proceso legal, obligando a las autoridades a determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento y analizar cómo este hecho impactará el avance del proceso judicial relacionado con el homicidio de Ávalos.
De acuerdo con los registros médicos, Galo Hernán O. G., de 44 años de edad, fue ingresado en la casa de salud el pasado sábado 29 de agosto de 2026, exactamente a las 09:46. El reporte clínico detalló que el ciudadano llegó al hospital en un estado de inconsciencia total. Los exámenes preliminares indicaron que sus reflejos eran nulos, presentaba un cuadro de bradicardia severa y sus niveles de saturación de oxígeno se encontraban en un estado crítico, registrando apenas un 40 %.
A pesar de los esfuerzos médicos, la situación del paciente no evolucionó favorablemente. A las 19:28 del mismo sábado, el equipo médico tratante confirmó el fallecimiento del hombre que había sido señalado por la Fiscalía como el cerebro detrás del crimen ocurrido el pasado 11 de junio de 2026.
Un detalle relevante en el reporte médico son los resultados de las muestras toxicológicas de orina presentadas por las autoridades del hospital. Dichos análisis arrojaron un resultado positivo para fenciclidina, una sustancia disociativa conocida comúnmente en el ámbito popular como “polvo de ángel”. No obstante, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha mantenido una postura cautelosa, señalando que las causas definitivas del deceso se esclarecerán únicamente una vez que se haya emitido y presentado el informe oficial de la autopsia realizada al occiso.
Para contextualizar el caso, el asesinato de Santiago Ávalos tuvo lugar en la avenida Oswaldo Guayasamín, en la ciudad de Quito. El crimen generó una fuerte conmoción pública debido a la alta jerarquía que ostentaba la víctima dentro de la estructura financiera de la UDLA. La Fiscalía General del Estado sostuvo inicialmente la hipótesis de que el móvil del asesinato estaba vinculado a procesos de auditorías internas.
Según las versiones de los procesados que fueron expuestas por la Fiscalía durante las audiencias, Galo Hernán O. G. mantenía conflictos con Santiago Ávalos debido a una auditoría que la víctima había iniciado. Galo O. no era un desconocido en la institución, ya que había trabajado en la UDLA durante más de diez años, desempeñándose en el cargo de director de Operaciones. Actualmente, además de Galo O., hay otros cuatro ciudadanos que permanecen en prisión preventiva por este caso.
Por su parte, la defensa técnica de Galo Hernán O. G. había negado sistemáticamente cualquier vinculación de su cliente con los hechos. Durante las audiencias, su abogado defensor sostuvo que no existía una conexión real entre los sucesos y la autoría mediata que la Fiscalía intentaba atribuirle. El abogado exigió a la Fiscalía la presentación de elementos probatorios concretos que pudieran incriminar a su defendido, tales como registros de pagos, el arma utilizada en el crimen, o mensajes y llamadas telefónicas que vincularan al sospechoso con el acto.
La defensa argumentó que la imputación presentada no se ajustaba a la realidad de los hechos y cuestionó la capacidad de la Fiscalía para verificar que su cliente hubiera ordenado a terceras personas tomar fotografías. Asimismo, el abogado había solicitado la sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas, basando su petición en el hecho de que Galo Hernán O. G. padecía una enfermedad terminal.
