La defensa jurídica de David Murcia Guzmán, condenado en el conocido caso DMG por los delitos de captación masiva y lavado de activos, ha iniciado una serie de acciones legales y administrativas tras el reciente traslado del interno a un centro penitenciario de máxima seguridad. La abogada Sondra Macollins, quien también es excandidata presidencial, ha denunciado que el movimiento fue realizado sin previo aviso y bajo circunstancias que considera irregulares.
En una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, Macollins detalló que el traslado de Murcia Guzmán se llevó a cabo el pasado 19 de agosto, cuando fue movilizado desde la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, hacia el complejo penitenciario de Girón, en el departamento de Santander, más conocido como la cárcel de Palogordo. Según la letrada, ni ella como representante legal ni la familia del condenado fueron informados sobre este movimiento antes de que se ejecutara.
Ante esta situación, la defensa ha radicado un derecho de petición formal ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). A través de este mecanismo, Macollins exige que la entidad entregue por escrito los motivos técnicos y legales que justificaron la decisión de trasladar al ciudadano a un centro de alta y mediana seguridad. La abogada sostiene que no existe una justificación clara para este cambio de centro penitenciario.
De manera simultánea, la defensa ha escalado la denuncia a instancias internacionales. Macollins informó que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la aplicación de medidas cautelares. La solicitud se fundamenta en la convicción de que el Estado colombiano no está garantizando los derechos fundamentales de su cliente, exponiéndolo a riesgos innecesarios dentro del sistema carcelario.
Uno de los puntos más críticos señalados por la abogada es la clasificación de seguridad asignada a Murcia Guzmán. Según Macollins, el condenado se encontraba en trámite de mediana seguridad, una clasificación destinada a personas que cumplen con los requisitos necesarios para recobrar su libertad próximamente. No obstante, tras el traslado, Murcia terminó ubicado en un pabellón de alta seguridad en Palogordo.
La preocupación de la defensa radica en la población carcelaria de dicho centro. Palogordo es conocido por albergar a 17 cabecillas de estructuras armadas condenados por delitos graves, tales como secuestro, extorsión y homicidio. Macollins cuestionó la coherencia de esta decisión, argumentando que su cliente no posee condenas por hechos de sangre ni tiene ningún vínculo con grupos armados al margen de la ley, habiendo estado privado de la libertad durante 18 años por un delito estrictamente económico.
Asimismo, la abogada vinculó este traslado con un posible trasfondo político y personal. Afirmó que este acto no es una medida administrativa contra David Murcia, sino una represalia contra las declaraciones que ella misma había emitido contra el actual presidente de la República, Abelardo Del Espriella.
El contexto de este movimiento resulta relevante debido a los vínculos entre los implicados. La orden de traslado fue ejecutada por el INPEC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y dirigida actualmente por Iván Cancino. El abogado Cancino, hasta hace pocas semanas, había representado al presidente Abelardo Del Espriella como contraparte de Murcia en un proceso disciplinario. Además, la defensa destacó que el traslado ocurrió apenas 22 días después de que Del Espriella asumiera la presidencia.
Aunque Macollins reconoce que el INPEC es un organismo autónomo, enfatizó que existen reglas basadas en la objetividad de las penas y la subjetividad de la persona privada de la libertad que deben respetarse. La defensa concluye que el traslado ignora los procesos penitenciarios que Murcia Guzmán ya estaba adelantando para obtener su libertad, situándolo en un entorno de alta peligrosidad que no corresponde a su perfil delictivo.
