El Gobierno de Chile ha decidido congelar el inicio de la tramitación de su reforma constitucional en materia de seguridad. Tras una reunión nocturna entre ministros y jefes de partidos, La Moneda pausó la propuesta impulsada por el ministro Martín Arrau debido a una resistencia transversal que incluye tanto a la oposición como a sectores oficialistas.
El punto más crítico es la creación de un nuevo "Estado de Excepción Constitucional de Seguridad". Aunque el Ejecutivo ya realizó concesiones, como reducir el plazo de operación de 240 a 30 días y atenuar la interceptación de comunicaciones, el proyecto sigue generando rechazo.
Ante este escenario, el Gobierno enfrenta tres caminos: retirar el proyecto admitiendo una derrota, realizar modificaciones profundas que eliminen el nuevo estado de excepción, o fusionar la iniciativa con otras reformas ya presentadas en el Senado, como las mociones de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
La tensión es evidente. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, cuestionó la falta de trabajo prelegislativo y sugirió reforzar el actual Estado de Emergencia en lugar de crear uno quinto. Por su parte, el Partido Socialista ha sido tajante: exigen el retiro de la iniciativa o advierten que rechazarán la idea de legislar, argumentando que la reforma no tiene viabilidad jurídica ni política.
El desafío es numérico y político. Para aprobar un cambio a la Carta Fundamental, se requiere el respaldo de al menos 29 senadores, un quórum que hoy parece lejano debido al desorden interno en las filas gubernamentales y las fricciones entre RN y el PS. De no lograrse un acuerdo amplio, el proyecto corre un alto riesgo de ser rechazado en su totalidad.
Siguenos en Noticias lat para más noticias.
