Meta ha aceptado un acuerdo financiero por un monto de 18.000 millones de dólares para resolver diversas demandas que acusaban a la compañía de diseñar Instagram y Facebook con el objetivo de generar adicción en los niños. Las acusaciones también señalaban que la empresa engañó al público sobre los riesgos asociados a sus plataformas y realizó la recopilación, conservación y uso ilegal de datos pertenecientes a menores de edad.
Como parte de este acuerdo, Meta implementará cambios significativos en la experiencia de usuario para los adolescentes en determinados estados y territorios de Estados Unidos. Entre las medidas más destacadas se encuentran la instauración de un límite diario de uso de dos horas y la desactivación automática de las notificaciones durante el horario escolar. Estas modificaciones buscan mitigar los efectos negativos del uso excesivo de las redes sociales, aunque sigue existiendo un debate sobre si estas medidas son suficientes, excesivas o si realmente resultarán beneficiosas para la infancia.
En cuanto a la distribución del pago, el monto se repartirá en cuotas anuales a lo largo de diez años. El 70% de los fondos, que equivale a unos 12.700 millones de dólares, será destinado a los estados participantes para financiar iniciativas enfocadas en mejorar la seguridad online de los niños. El 30% restante, aproximadamente 5.300 millones de dólares, será pagado por Meta únicamente si YouTube y TikTok cumplen dos condiciones específicas: implementar protecciones y controles similares a los acordados por Meta y pagar cada una una suma equivalente a ese 30%. Hasta el momento, ninguna de estas dos plataformas ha aceptado la propuesta y han mantenido silencio público.
Este escenario plantea interrogantes críticos para la industria del marketing de influencers. Los acuerdos entre marcas y creadores de contenido suelen estructurarse mediante tarifas fijas, a veces complementadas con comisiones por ventas o conversiones. Para fijar estos precios, se analizan factores como la cantidad de seguidores, el promedio de impresiones por publicación y la tasa de interacción, parámetros que, a diferencia de la televisión tradicional, carecen de una estandarización rigurosa.
Las nuevas restricciones de Meta alteran directamente las condiciones bajo las cuales se cerraron muchos de estos contratos. Al limitar los horarios de uso de Instagram y Facebook, la forma en que se descubre el contenido y el nivel de interacción, se afecta el alcance de las campañas. Para creadores enfocados en nichos de belleza, moda, videojuegos y estilo de vida con audiencias jóvenes, como es el caso de MrBeast o Charli D’Amelio, las consecuencias son tangibles. Un adolescente que agote su límite diario antes de ver un post patrocinado simplemente no tendrá acceso a él, y el algoritmo podría dejar de recomendar creadores a usuarios bajo restricciones.
Desde el punto de vista legal, surge el problema de que la mayoría de los contratos actuales no prevén cambios en las reglas de la plataforma que afecten la distribución del contenido. Las marcas podrían intentar invocar cláusulas de fuerza mayor, que eximen del cumplimiento de obligaciones ante hechos externos e imprevistos. Sin embargo, en jurisdicciones como Nueva York y California, los tribunales suelen aceptar esta excepción solo si el hecho está expresamente contemplado en el contrato, por lo que es poco probable que este acuerdo se considere automáticamente un caso de fuerza mayor.
Otra vía legal es la doctrina de la frustración del propósito, que permite rescindir un contrato si un hecho imprevisto elimina la razón principal del acuerdo. Por ejemplo, si una marca contrató a un creador específicamente para llegar a adolescentes en Instagram y las restricciones hacen que este objetivo sea imposible, podría argumentar la pérdida de finalidad. No obstante, los jueces suelen aplicar esta doctrina de manera restrictiva, lo que dificulta su éxito en tribunales.
Finalmente, existe un riesgo estratégico: la migración de los adolescentes hacia plataformas que no tengan estas restricciones, como TikTok o YouTube. El director jurídico de Meta, CJ Mahoney, ha reconocido que los adolescentes utilizan decenas de aplicaciones y ha pedido a sus competidores que se sumen al acuerdo para que la medida sea efectiva. Mientras tanto, la economía de los creadores, que durante años operó bajo la premisa de que la audiencia joven era accesible y participativa, enfrenta un cuestionamiento profundo que obliga a marcas y creadores a revisar sus acuerdos legales antes de que surjan disputas.
