El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha llevado a cabo un operativo exitoso en el municipio de Yaguate, provincia de San Cristóbal, resultando en el desmantelamiento de una estructura organizada dedicada a diversas actividades ilícitas relacionadas con el sector de las bebidas alcohólicas. A través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), las autoridades lograron intervenir un centro clandestino donde se realizaban labores de fabricación, adulteración, etiquetado, envasado y distribución de productos alcohólicos.
La intervención no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso meticuloso de investigación y coordinación. La operación fue ejecutada en conjunto con la Mesa de Ilícitos, apoyándose en labores de inteligencia que se iniciaron en el pasado mes de abril. Estas investigaciones permitieron a las autoridades identificar con precisión la ubicación y el modo de operar de la estructura criminal. Un punto clave en el avance de las indagatorias fue la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado, lo que sirvió como evidencia fundamental para proceder con el operativo final en Yaguate.
En términos cuantitativos, el impacto del operativo fue significativo. Las autoridades informaron la incautación de un total de 25,496 mercancías ilícitas. El valor estimado de todo el material decomisado asciende a la suma de RD$5,977,358, reflejando la magnitud de la operación clandestina que se mantenía activa en la zona.
El detalle de los productos incautados revela la escala de la producción. Entre las mercancías se encontraron 4,780 botellas de bebidas alcohólicas premium que ya estaban listas para ser distribuidas en el mercado. Además, se decomisaron 75 galones de alcohol puro y 27 garrafones de cinco galones cada uno, los cuales ya estaban preparados para el proceso de envasado. El inventario de lo ocupado también incluyó 1,363 botellas de 700 mililitros, tres galones de melaza y unas 1,542 botellas vacías.
Para completar la infraestructura de falsificación, el CECCOM incautó una cantidad considerable de tapas, etiquetas falsificadas y precintos fiscales, elementos esenciales para engañar al consumidor final sobre la procedencia y legalidad del producto. Asimismo, se reportó el hallazgo de alrededor de 19,536 artículos ilícitos diversos.
Más allá de los insumos, las autoridades ocuparon la maquinaria industrial necesaria para sostener este negocio ilegal. Entre los equipos decomisados se encuentran marcos serigráficos y troqueles, utilizados para la creación de las etiquetas falsas, así como maquinaria industrial destinada específicamente al mezclado y envasado de las bebidas.
Ante estos hechos, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, emitió una advertencia clara sobre los riesgos que estas actividades representan para la salud pública. El funcionario afirmó que el Gobierno dominicano no dará tregua y continuará fortaleciendo todas las acciones orientadas a combatir la fabricación y comercialización clandestina de bebidas alcohólicas.
Sanz Lovatón enfatizó que el objetivo primordial de estas intervenciones es preservar los logros alcanzados por el país en materia de prevención de muertes relacionadas con el consumo de alcohol adulterado. El ministro destacó con orgullo que, gracias a estas medidas, la República Dominicana ha logrado mantenerse sin registrar ni una sola muerte por esta causa durante más de cuatro años, un resultado que el Gobierno se compromete a mantener mediante la ejecución de las acciones necesarias.
El operativo contó con un fuerte respaldo legal y técnico. Participaron activamente los fiscales Engers Reyna Manzueta, Wendy Martínez Garabito, Patricia Turbi y Aurelia Cuevas Román, todos pertenecientes a la Procuraduría Especializada para los Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA). De igual manera, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) desplegó inspectores para colaborar en la intervención.
Finalmente, las autoridades señalaron que las actividades detectadas en este centro clandestino representan violaciones graves al marco legal vigente, específicamente a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley 17-19, la cual regula el Comercio Ilícito, el Contrabando y la Falsificación.
