¿Es posible recuperar la confianza en la justicia de Venezuela? La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta propuesta plantea elevar el número de integrantes del comité de designación de 21 a 23 miembros, distribuidos en 11 representantes del Parlamento y 12 provenientes de la sociedad civil.
Asimismo, se ha planteado retomar el proceso para la designación de nuevos magistrados en el TSJ, un procedimiento que se encontraba paralizado desde el pasado 24 de junio.
Si bien ampliar la participación de la sociedad civil puede verse como un paso hacia la recuperación institucional, existe una advertencia fundamental: el Tribunal Supremo de Justicia no puede convertirse en un tablero de monopolio donde cada decisión responda a una negociación política. La discusión no debe limitarse a la cantidad de integrantes, sino centrarse en la independencia judicial.
La pregunta clave es quién garantiza que un magistrado pueda decidir conforme a la Constitución y las leyes, y qué mecanismos existen para protegerlo frente a las presiones políticas. Venezuela ya conoce las consecuencias del quiebre institucional, donde la afinidad política tuvo más peso que el mérito, contribuyendo a la crisis actual.
Para el ciudadano de a pie, la justicia debe ofrecer certeza y protección, ya sea al proteger su patrimonio o reclamar derechos laborales. Sin embargo, esa seguridad ha sido ausente para la mayoría durante años. Por ello, es imperativo que la selección de magistrados anteponga la capacidad profesional, la trayectoria y la ética. Solo un proceso basado en el mérito y el respeto constitucional permitirá construir instituciones a la altura del país y avanzar hacia una democracia sólida.
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