La trampa de la deuda pública: el fin de la era de los intereses bajos y el riesgo de crisis global

En 2019, el prestigioso economista francés Olivier Blanchard planteó una reflexión que caló hondo en los círculos financieros: un incremento del 1% del PIB en gasto público para combatir la desigualdad y fomentar la inversión, financiado mediante deuda, solo elevaría la deuda total en un 0,5% del PIB y los pagos de intereses en un 0,005%. En aquel momento, el escenario macroeconómico parecía validar esta postura; tras una década de tipos de interés cercanos al 0% y proyecciones que sugerían una ausencia de inflación a largo plazo, muchos gobiernos decidieron abandonar la austeridad y endeudarse aprovechando el coste bajísimo del dinero. Algunos países, como Alemania, llegaron incluso a financiarse a tipos negativos, cobrando dinero de sus prestamistas.

Sin embargo, casi una década después, el paradigma ha cambiado drásticamente. La convicción de que la ratio de deuda no era prioritaria ha derivado en un desprecio generalizado por la disciplina fiscal. Actualmente, las dos mayores potencias económicas, Estados Unidos y China, mantienen déficits públicos que superan persistentemente el 7% del PIB, marcando un ritmo que otros países se ven obligados a seguir para no quedar rezagados. El problema reside en que el contexto ha mutado: aunque el crecimiento sigue siendo escaso, la inflación se mantiene alta, lo que ha impulsado el alza de los tipos de interés oficiales y naturales en todo el mundo.

Esta nueva realidad ha provocado que los costes financieros se disparen y que la ratio de deuda vuelva a ser una fuente de alarma para los inversores. Los episodios de tensión son evidentes. El Reino Unido ya vivió un momento crítico en 2022, cuando una propuesta fiscal expansiva desató una tormenta en los mercados que precipitó la dimisión de su primera ministra en solo 44 días. Actualmente, Japón y Estados Unidos se encuentran en una posición vulnerable. Japón enfrenta una huida de inversores que ha llevado la rentabilidad de su deuda a largo plazo a niveles no vistos en 30 años y ha desplomado el yen a mínimos de cuatro décadas, obligando a Tokio a solicitar ayuda a Estados Unidos para intervenir la divisa.

Por su parte, Washington teme que Japón decida vender su masiva cartera de bonos americanos (treasuries), lo que agravaría la situación de los Estados Unidos. Las dudas sobre el futuro de la deuda estadounidense han elevado la rentabilidad de los bonos a diez años al 4,7%, un diferencial de más de 100 puntos básicos respecto a España. En un intento por contener la subida de la curva de intereses, la Casa Blanca anunció recientemente la reducción de su caja de efectivo para comprar bonos de largo plazo, una medida que evidencia la complicación del escenario.

El déficit en Estados Unidos ha alcanzado niveles inéditos en la historia reciente, con un saldo negativo promedio del 7,1% anual en las últimas dos décadas. La deuda pública estadounidense pasó del 50% del PIB al inicio del siglo XXI al 100% en 2011, superando el 120% en 2024, y el FMI proyecta que alcance el 140% al cierre de la década. El impacto presupuestario es severo: hace diez años, los intereses representaban el 5% del presupuesto federal, pero se prevé que superen el 10% en 2026 y lleguen al 11% al final de la década.

La salida a este deterioro es la consolidación fiscal, pero su implementación es compleja. Mientras los países emergentes suelen recurrir a subidas de impuestos, las economías avanzadas enfrentan una fuerte resistencia popular. Francia es el ejemplo más claro de este bloqueo; los intentos de reducir el gasto social y las prestaciones públicas fracasaron, provocando la caída de los gobiernos de Michel Barnier y, posteriormente, la de François Bayrou. Con una deuda del 115% del PIB que podría llegar al 120% en dos años, el coste de la deuda francesa ha pasado del 1,3% del PIB en 2020 al 2,2% actual, con proyecciones del FMI que apuntan al 3% hacia el final de la década.

Finalmente, economistas como Atif Mian, Ludwig Straub y Amir Sufi proponen que este ciclo de deuda está vinculado a la desigualdad. Según esta teoría, la concentración de riqueza en las clases altas aumenta la tasa de ahorro y reduce el consumo interno, obligando a los gobiernos a intervenir con gasto público financiado por deuda para sostener la demanda. Este gasto se prioriza en prestaciones sociales para reducir la pobreza, pero descuida la inversión necesaria para el crecimiento futuro. Así, los gobiernos quedan atrapados entre las exigencias de disciplina fiscal de los mercados y la resistencia de los votantes, alimentando una burbuja de deuda pública global.