El Gobierno de México ha confirmado oficialmente que tres drones, derribados durante la presente semana por el Ejército de Estados Unidos en las inmediaciones de la frontera común, eran operados por redes de traficantes de migrantes. Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, estos dispositivos eran utilizados específicamente para realizar tareas de vigilancia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad y las autoridades fronterizas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México detalló que la notificación sobre estos hechos fue emitida por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense. De acuerdo con el reporte, la detección e inhabilitación de los tres aparatos ocurrió durante las noches del 25 y 26 de agosto. Las autoridades mexicanas hicieron especial hincapié en que las operaciones de neutralización se llevaron a cabo íntegramente dentro del territorio soberano de Estados Unidos.
En cuanto a las especificaciones técnicas de los dispositivos, la dependencia mexicana indicó en un comunicado que se trataba de drones con características comerciales. A pesar de su naturaleza no militar, su empleo por parte de los traficantes de indocumentados tenía como objetivo monitorear la presencia y el despliegue de las autoridades para facilitar el cruce ilegal de personas.
Este operativo se desarrolló en el marco de las denominadas operaciones concurrentes o "espejo", un esquema de seguridad coordinado entre las fuerzas armadas de ambos países. Estos despliegues, que iniciaron formalmente el 5 de febrero de 2025, consisten en realizar reconocimientos simultáneos a lo largo de la línea fronteriza. La característica principal de este modelo es que cada fuerza actúa estrictamente dentro de su propio territorio, con el objetivo primordial de combatir el tráfico ilícito de drogas y el flujo de armas.
La precisión de la Defensa mexicana complementa los datos revelados previamente por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos. Ambas entidades informaron que los drones fueron derribados mediante el uso del Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense. Este hecho es particularmente relevante, ya que marca la primera ocasión en que Estados Unidos emplea este sistema tecnológico avanzado para neutralizar aeronaves no tripuladas vinculadas a organizaciones criminales en su frontera sur.
Desde la perspectiva de seguridad estadounidense, los dispositivos fueron clasificados como una amenaza directa tanto para el personal militar como para los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Al respecto, el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió que las organizaciones criminales están incrementando el uso de aeronaves no tripuladas para optimizar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades operativas de los agentes y militares. El general Taylor aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento por la cooperación brindada por el Ejército mexicano durante la ejecución del operativo.
La aclaración puntual de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la ubicación exacta donde fueron derribados los drones responde a un contexto de alta sensibilidad política en México respecto a las intervenciones estadounidenses contra los carteles del narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme y reiterada en contra de cualquier acción militar unilateral que Estados Unidos pudiera emprender dentro del territorio mexicano.
La mandataria ha advertido que cualquier incursión de este tipo representaría una violación a la soberanía nacional. No obstante, Sheinbaum ha defendido y promovido la cooperación bilateral en materia de seguridad, siempre y cuando dicha colaboración se base en el respeto mutuo a la territorialidad de cada país.
Este escenario de colaboración fronteriza se ha intensificado significativamente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Bajo la actual administración estadounidense, Washington ha incrementado las presiones sobre el Gobierno de México para implementar medidas más estrictas que permitan frenar el tráfico de fentanilo y reducir el flujo de migración irregular hacia el territorio estadounidense.
