La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una iniciativa de reforma constitucional que busca obligar a cualquier ciudadano que aspire a ser candidato a gobernador de un estado o Presidente de la República a renunciar pública y oficialmente a cualquier nacionalidad extranjera que posea, manteniendo únicamente la mexicana. Esta medida, que se prevé sea aprobada mediante un proceso de "fast track" por la mayoría de Morena en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que comienza el 1 de septiembre, ha generado una inmediata reacción en diversos sectores políticos y empresariales.
Uno de los primeros en responder fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien reveló poseer la doble nacionalidad estadounidense y calificó la propuesta como una maniobra política. Según Salinas Pliego, el objetivo de la reforma no es mejorar la vida de los mexicanos, sino asegurar que los integrantes de Morena no puedan ser removidos del poder o encarcelados en 2030. El dueño de Grupo Salinas cuestionó a través de sus redes sociales si el gobierno estaría dispuesto a perjudicar a millones de migrantes y la economía basada en remesas con el único fin de afectar a personas a las que, según sus palabras, el régimen tiene "miedo y odio".
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha vinculado esta propuesta con casos como el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente es solicitado en extradición por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a acusaciones de delitos graves. No obstante, el análisis de la medida revela que el impacto no se limitaría a la oposición, sino que alcanzaría a figuras de todos los signos políticos, especialmente en las zonas fronterizas donde la binacionalidad es una condición común de vida.
Dentro del mismo oficialismo, existen casos que se verían afectados. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California postulado por Morena, posee nacionalidad y residencia en Estados Unidos. Asimismo, Javier Corral, quien gobernó Chihuahua por el PAN y hoy es afín a Morena, nació en El Paso, Texas, y mantiene su doble nacionalidad. El fenómeno de la binacionalidad en cargos públicos tiene raíces profundas; en Tamaulipas, por ejemplo, el primer gobernador constitucional, Bernardo Gutiérrez de Lara, fue texano de nacimiento y gobernador de Texas antes de que este se independizara de México.
Además de la nacionalidad estadounidense, la reforma impactaría a quienes han adquirido la ciudadanía española mediante la Ley de Memoria Histórica. En esta lista se encuentran desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta Beatriz Gutiérrez Müller, quien realizó una solicitud de ciudadanía ante la embajada de España en 2025 para ella y su hijo, sumándose a una amplia gama de empresarios y políticos mexicanos.
Es importante precisar que la reforma no prohibiría la doble nacionalidad para la ciudadanía general, derecho consagrado en los artículos 32 y 37 constitucionales y regulado desde 1997. La obligatoriedad de la renuncia se aplicaría exclusivamente a quienes busquen los cargos de gobernador o presidente. Cabe destacar que, a diferencia de lo propuesto en México, las leyes en Estados Unidos no obligan a sus políticos a renunciar a otras ciudadanías para ocupar cargos públicos, a pesar de existir propuestas legislativas al respecto en su Congreso.
En otros temas de la agenda política, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó categóricamente un reportaje de N+Focus que vincula a su secretario de Gobierno, Héctor Joel Villarreal, con el empresario asesinado Sergio Carmona, conocido como el "Rey del Huachicol". El reportaje señala que Carmona habría financiado campañas de Morena a cambio de contratos públicos por más de 15 millones de pesos, operados mediante empresas fantasma. Villarreal calificó la noticia como "propaganda política" y negó haber recibido notificaciones oficiales sobre investigaciones en su contra, aunque se reporta la contratación de una firma de abogados estadounidense para su defensa.
Finalmente, el proceso judicial contra el contralmirante Fernando Farías Laguna ha generado controversia debido a la falta de transparencia de la FGR. La defensa denunció que la fiscalía no ha podido localizar el domicilio del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para que declare en el proceso. A esto se suma que la presidenta Sheinbaum haya afirmado públicamente que existen "suficientes pruebas" de la culpabilidad de Farías Laguna en una red de huachicol, lo que ha sido interpretado como una invasión a las facultades del Poder Judicial y un desconocimiento de la presunción de inocencia.
