Documentos revelados recientemente han puesto al descubierto una situación crítica de indisciplina y descomposición moral en el Batallón Tenerife, ubicado en el departamento del Huila. Según los hallazgos, este fortín militar habría sido transformado en un centro de promiscuidad, consumo excesivo de licor y la presunta operatividad de una red de prostitución, todo esto mientras grupos criminales, específicamente las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, fortalecían su control en la región.
Los hechos fueron detallados en el marco de una misión de trabajo reservada del Ejército, identificada como la n.º 02/2025. Los testimonios recogidos en un informe de 16 páginas describen un escenario donde oficiales, suboficiales y mujeres soldados participaron en constantes fiestas y actos de indisciplina tanto dentro como fuera de las instalaciones militares. Esta unidad pertenece a la Quinta División del Ejército, la cual tiene la responsabilidad de proteger departamentos clave como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas, coordinando a más de 25.000 hombres.
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación es el relato sobre la existencia de un "catálogo de soldados". Testimonios de mujeres uniformadas indican que se organizaban fiestas donde se daban relaciones sexuales indiscriminadas. Según una cabo tercero, los soldados mantenían vínculos amorosos con los cuadros y existen registros fotográficos de soldados en moteles. La falta de medidas correctivas se habría debido a que el coronel al mando mantenía una relación sentimental con una de las soldados.
La indisciplina alcanzó niveles tales que el consumo de alcohol se volvió cotidiano. Se reportó que el comandante del batallón solía beber con cuadros y soldados en su residencia privada, así como en oficinas, eventos y lugares públicos. El desorden fue tan evidente que la institución se vio obligada a prohibir la venta de licor en el minimarket interno del cantón para intentar restablecer la disciplina. El Ejército determinó que en el Batallón Tenerife se comprometieron los objetivos básicos de la actividad militar, afectando gravemente la moral, los principios y los valores institucionales.
El abuso de poder también quedó registrado. Se describe el caso de un capitán, comandante de compañía, quien presuntamente se aprovechaba de su rango para obtener beneficios sexuales de las uniformadas, cobrando permisos o permitiendo salidas sin boleta a cambio de favores sexuales. Este comportamiento derivó en escándalos públicos y violencia intrafamiliar. Testigos relataron haber presenciado riñas entre el capitán y su esposa dentro de las instalaciones, llegando a observar a la mujer con hematomas visibles en los brazos y el rostro.
Asimismo, otras mujeres militares denunciaron acoso sexual por parte de dos coroneles con poder en el fuerte Tenerife, mencionando insinuaciones, comentarios inadecuados y amenazas. Muchas de las víctimas optaron por no denunciar formalmente por temor a represalias que pudieran afectar sus carreras profesionales.
Este clima de "guachafita" y descontrol interno ocurrió simultáneamente al deterioro de la seguridad en el Huila y Tolima. Mientras en el batallón imperaba la fiesta, los gobernadores de la zona exigían mayor presencia de la fuerza pública. Para el año 2024, agencias de seguridad reportaron que los grupos criminales contaban con más de 21.000 integrantes. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 de 2024 para Neiva y los municipios de Tello, Baraya y Colombia, advirtiendo sobre los riesgos causados por las disidencias de alias Calarcá.
La ausencia de control militar tuvo consecuencias tangibles. En La Plata, Huila, se reportó el cierre de comercios y restricciones de movilidad que habrían provocado el confinamiento de aproximadamente 16.000 personas. En el Tolima, la gobernadora Adriana Matiz alertó sobre la suplantación del Estado por parte de grupos criminales que imponían sus propias reglas de convivencia ante la falta de fuerza pública, llegando incluso a la carnetización de la población civil.
Ante estas revelaciones, el Ejército Nacional informó que se han adoptado las actuaciones administrativas correspondientes, que incluyen retiros de personal y acciones disciplinarias bajo el debido proceso. La institución confirmó que actualmente se desarrolla una averiguación disciplinaria formal para esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos en el Batallón Tenerife.
