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Gobierno de Keiko Fujimori solicita facultades legislativas al Congreso

El proyecto debe ser revisado por la comisión correspondiente antes de pasar al pleno de la Cámara Baja. Si cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, facultades se delegarán al Ejecutivo.

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Gobierno de Keiko Fujimori solicita facultades legislativas al Congreso

El Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado oficialmente un pedido de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República. La solicitud, definida el pasado jueves 27 de agosto, deberá ser debatida primero en una comisión y posteriormente en el pleno de la Cámara Baja. Para que estas funciones sean delegadas al Ejecutivo, también se requerirá el aval de la Cámara de Senadores.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, el proyecto contempla 66 solicitudes diseñadas para fortalecer la gestión pública y atender prioridades nacionales, organizadas en ocho ejes principales. Entre ellos destacan las materias penal, procesal penal, seguridad ciudadana, laboral, tributaria y de vivienda.

En el ámbito penal, el Ejecutivo busca modificar los Códigos Penal y Procesal Penal. Las propuestas incluyen transferir competencias territoriales para juzgar a bandas criminales, declarar a las organizaciones criminales como terroristas y regular la legítima defensa con una presunción de inocencia sobre la racionalidad de la respuesta del agredido. Además, se solicita la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales.

En materia económica y financiera, el proyecto plantea eliminar los topes a las tasas de interés establecidos por la Ley 31143 contra la usura. También propone permitir que menores de doce años abran cuentas de ahorro y que las entidades financieras accedan a la información de identidad del Reniec para la apertura de cuentas y contratación.

Finalmente, el texto contempla derogar la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, facultar al Indeci para entregar ayuda humanitaria directa durante los primeros quince días de una emergencia y reestructurar Sedapal por razones de necesidad pública ante sus riesgos operativos, comerciales y financieros.

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