Un reciente estudio publicado en el Journal of Policy Practice and Research ha revelado una contradicción fundamental en la manera en que los estados de Estados Unidos están legislando para proteger a los menores en el entorno digital. Según la investigación, la estrategia más implementada por los gobiernos estatales —centrada en limitar el acceso mediante la verificación de edad y el consentimiento parental— es precisamente la que cuenta con el menor respaldo científico en cuanto a su efectividad para mejorar la salud mental juvenil.
El trabajo, liderado por Melissa L. Villodas, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Mason, constituye uno de los primeros marcos sistemáticos para analizar el complejo mosaico de leyes estatales sobre redes sociales y salud mental en el país. En el equipo de investigación participaron también Natalia Acevedo, Michael Wheeler y Fadi Hamati, del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Columbia Cornell en New York-Presbyterian, junto a Ishita Kapur, de la Universidad de Tennessee.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo empleó un análisis de contenido cualitativo sobre 16 leyes promulgadas en 10 estados diferentes, cuyos datos fueron extraídos de congress.gov en noviembre de 2024. Un dato relevante del análisis es que, al momento de la investigación, solo seis de estas leyes estaban siendo aplicadas activamente. El resto se encontraba bajo bloqueos judiciales, debido principalmente a que las medidas colisionaban con la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
La investigación clasifica las políticas implementadas en tres grandes categorías. La primera, y la más frecuente, es la de control de acceso. Esta categoría engloba medidas como la exigencia de consentimiento parental para la creación de cuentas, la implementación de sistemas de verificación de edad y restricciones de acceso a internet dentro de las escuelas. Un ejemplo extremo de este enfoque fue el intento de prohibir TikTok en el estado de Montana, medida que terminó siendo bloqueada judicialmente.
La segunda categoría se enfoca en reducir la exposición a contenidos potencialmente dañinos. Estas leyes proponen restricciones a la publicidad dirigida a menores, limitaciones a funciones de diseño de las plataformas que puedan generar adicción y la implementación de herramientas de control parental. La tercera categoría, y la menos representada en la legislación actual, es la alfabetización mediática. En este rubro, solo se identificó una ley, aprobada en Florida, que exige que las escuelas enseñen a los alumnos de los grados 6 a 12 los efectos físicos, emocionales y sociales del uso de redes sociales, abordando temas como el ciberacoso, la desinformación, la seguridad en línea y la adicción.
La paradoja central detectada por los investigadores es que la popularidad de estas medidas entre los legisladores es inversa a la evidencia científica disponible. Las políticas de control de acceso, aunque son las más comunes, poseen el respaldo empírico más débil. El estudio cita investigaciones internacionales realizadas en Australia del Sur con 1.319 adolescentes y en Inglaterra con 1.227 jóvenes de entre 12 y 15 años en 30 escuelas, las cuales no hallaron diferencias estadísticamente significativas en la salud mental de los jóvenes entre aquellas escuelas que restringían el uso de teléfonos y las que no lo hacían.
Sobre este punto, Melissa Villodas señaló que muchos estados se han centrado en el consentimiento paterno y la verificación de edad, a pesar de que la evidencia sobre la eficacia de tales estrategias sigue siendo limitada. Por otro lado, las políticas de reducción de exposición cuentan con un respaldo más sólido, aunque no exento de contradicciones. El estudio indica que los algoritmos que exponen a jóvenes vulnerables a contenidos extremos se asocian con un mayor riesgo de conductas suicidas, mala imagen corporal y trastornos alimentarios, lo que justifica las restricciones sobre las "prácticas de diseño" adictivas presentes en siete de las 16 leyes analizadas.
En cuanto a la alfabetización mediática, aunque es la menos común, es la que presenta las evidencias más prometedoras. Intervenciones escolares han mostrado beneficios en la reducción de síntomas depresivos y conductas alimentarias, aunque los resultados varían según el contexto demográfico y el género. No obstante, el estudio critica que la ley de Florida omite los aspectos positivos de las redes sociales, como el compromiso cívico o el sentido de comunidad, lo que podría limitar su efectividad al ofrecer una visión parcial.
Finalmente, el estudio advierte sobre un problema estructural: la dependencia de definiciones subjetivas de "daño" para restringir contenidos, lo que expone a las leyes a impugnaciones legales y disputas políticas. Esto ya ha ocurrido en Utah, California y Arkansas, donde tribunales bloquearon leyes por vulnerar la libertad de expresión. Mientras tanto, el contexto global muestra tendencias diversas: el Reino Unido utiliza el Age-Appropriate Design Code, la Unión Europea aplica el GDPR y Australia ha aprobado una prohibición total para menores de 16 años. En EE. UU., además de la prohibición federal de TikTok prevista para 2025, destaca el caso de Nueva Jersey, que aprobó en agosto de 2026 un paquete de leyes que incluye la creación de un Centro de Investigación sobre Redes Sociales y nuevas protecciones de privacidad, con entrada en vigor en septiembre de 2027.
