Una jueza federal de Estados Unidos ha dictaminado que las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump contra la empresa de inteligencia artificial Anthropic son ilegales. El fallo judicial se fundamenta en la conclusión de que tales medidas no respondían a una amenaza real, sino que constituían una represalia directa contra la compañía debido a las críticas que esta había formulado previamente hacia el Pentágono.
En el marco de esta resolución, que consta de 59 páginas, la jueza Rita Lin prohibió explícitamente que las agencias federales involucradas en la demanda apliquen la orden gubernamental que exigía dejar de utilizar las herramientas tecnológicas de Anthropic, la firma responsable de la creación del conocido chatbot Claude. La magistrada fue contundente al señalar que la invocación de la seguridad nacional no puede ser utilizada de manera indiscriminada para castigar a quienes disienten de la administración. "La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", afirmó la jueza Lin en su sentencia.
Además de anular la orden de cese de uso, la justicia estadounidense dejó sin efecto la designación de Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro". Esta calificación había sido formalizada en marzo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El fallo destaca la irregularidad de esta medida, ya que, hasta ese momento, la denominación de riesgo para la cadena de suministro había sido una etiqueta reservada exclusivamente para compañías extranjeras, y no para empresas nacionales.
Desde Anthropic, la respuesta fue de satisfacción. Un portavoz de la compañía manifestó que acogen con agrado el fallo del tribunal al declarar ilegal la determinación que los señalaba como un riesgo para el suministro. Asimismo, el representante de la empresa subrayó que su objetivo sigue siendo trabajar de manera productiva con el gobierno federal para aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial en beneficio de la seguridad nacional, asegurando que el propósito final es que todos los ciudadanos estadounidenses puedan beneficiarse de esta tecnología.
Sin embargo, el panorama legal para Anthropic no es una victoria total. La resolución es considerada parcial debido a que el gobierno de Donald Trump mantiene la posibilidad de apelar la decisión. Adicionalmente, persiste una segunda sanción impuesta por el Pentágono, la cual se basa en regulaciones específicas para la contratación pública. Esta medida sigue vigente y se encuentra a la espera de un fallo en Washington, donde un juez ya ha rechazado previamente la solicitud de suspenderla.
El origen de este conflicto legal se remonta a la postura ética de Anthropic. La empresa se negó a permitir que el ejército de los Estados Unidos utilizara su modelo de lenguaje, Claude, para el desarrollo de armas letales totalmente autónomas o para la implementación de sistemas de vigilancia masiva dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. Esta decisión provocó la reacción del presidente Trump, quien atacó públicamente a la organización. En febrero, a través de sus redes sociales, el mandatario describió a Anthropic como una "empresa de izquierda radical y woke", añadiendo que la compañía estaba "fuera de control".
La jueza Lin, al analizar los hechos, afirmó que las sanciones no buscaban contrarrestar una amenaza tangible, sino que se basaron en el deseo de la administración de "dar un escarmiento público a Anthropic por su 'arrogancia' al criticar al gobierno".
La relevancia de esta disputa tecnológica radica en la integración de Claude en la infraestructura militar. Según informes publicados por medios como el Wall Street Journal y Axios, las fuerzas militares empleaban la tecnología de Anthropic en diversos sistemas clasificados y sensibles. Incluso se reportó que la herramienta fue utilizada durante la operación llevada a cabo en enero para la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
La designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro, formalizada en marzo, tuvo consecuencias operativas inmediatas y severas: canceló los contratos militares existentes con Anthropic y prohibió que otros contratistas del Pentágono hicieran uso de la tecnología desarrollada por la empresa, limitando así su capacidad de operación en el sector de defensa.
