El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha oficializado una medida que ha generado un intenso debate entre especialistas y transportistas: la reducción del 90% en el pago de las multas de tránsito y transporte. Mientras que algunos sectores ven la disposición como un alivio necesario, otros expertos, como Luis Quispe Candia y Franklin Barreto, han calificado la medida como una amnistía que premia al infractor y fomenta la impunidad en las vías.
Ante las críticas, el MTC ha salido al paso para precisar los alcances de la norma y aclarar que el beneficio no es universal. El organismo detalló que existen exclusiones estrictas para evitar que conductas peligrosas queden impunes. Específicamente, quedan fuera del régimen excepcional de pago las infracciones identificadas con los códigos F.1, F.7 y T.3 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Asimismo, en el ámbito del Reglamento Nacional de Tránsito, no podrán acogerse al descuento quienes hayan incurrido en las infracciones M.1, M.2, M.3, M.4, M.20.C, M.27, M.28, M.37, M.38 y M.39.
Arturo Ruiz, director de Políticas y Normas de Transporte Vial del MTC, enfatizó que el sector informal del transporte no recibirá ningún beneficio. Según el funcionario, las conductas informales seguirán siendo sancionadas con el rigor de la ley, asegurando que el beneficio de la reducción no alcanza a quienes prestan servicios sin la debida autorización o a quienes agreden a los inspectores.
En cuanto a las infracciones que sí están comprendidas en el descuento, Ruiz detalló que se incluyen faltas como no respetar una regla de tránsito, pisar el crucero peatonal, ubicarse en una línea amarilla o pasarse la luz roja, entre otras. Por el contrario, se han retirado del beneficio aquellas conductas rechazadas por el Estado debido a su peligrosidad, tales como conducir en estado de ebriedad, superar el límite de velocidad por más de 30 km/h, participar en accidentes de tránsito, o no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de conducir o el certificado de revisión técnica.
El plan del MTC no se limita a este descuento temporal. Ruiz informó que se ha establecido un plazo de 90 días para materia de tránsito y 180 días para transporte para emitir una nueva escala de multas. El objetivo es implementar una metodología que permita evaluar, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, cuáles deben ser las sanciones reales por inobservar las reglas de tránsito. El funcionario señaló que las normas actuales tienen una antigüedad de entre 15 y 20 años y no han logrado el cambio conductual esperado, subrayando que el monto de las multas debe tener un fin disuasorio y no un propósito meramente recaudador.
Por su parte, el titular del MTC, Rafael Rey, defendió la medida asegurando que se han excluido todas las faltas consideradas "muy graves". Rey remarcó que el descuento no aplica en casos de manejo en estado de ebriedad, consumo de estupefacientes, agresiones a inspectores o accidentes derivados de una falta, ya que estos últimos requieren una investigación penal. Además, el ministro negó que esta decisión sea producto de presiones ante posibles paros de transportistas, argumentando que su intención desde que asumió el cargo ha sido corregir multas que consideraba "abusivas" mediante un estudio técnico completo.
Desde la perspectiva del sector, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que la medida tendrá un impacto significativo. Estimó que en el sector interprovincial se beneficiarán unas 500 empresas, mientras que en el transporte urbano de Lima y Callao serán más de 354 empresas, alcanzando a un total de entre 30 mil y 35 mil conductores. En el caso del transporte de carga, el beneficio podría llegar a 40 mil empresas, 80 mil unidades y 60 mil conductores. Pese a considerar la norma como "saludable", Ojeda cuestionó la disparidad de las sanciones, señalando que el transporte ilegal solo enfrenta una multa de una UIT, mientras que el sector formal enfrenta sanciones excesivas que pueden derivar en el cierre de sus empresas.
Finalmente, el especialista Franklin Barreto se mostró escéptico sobre el impacto real de la medida. Barreto recordó que ya existía el mecanismo de "pronto pago", que ofrecía hasta un 83% de descuento en los primeros cinco días hábiles, y que aun así muchos conductores no regularizaron sus deudas. Para Barreto, el riesgo es que los infractores, especialmente aquellos con múltiples multas, no se acojan a este 90% de descuento porque están esperando una amnistía total, lo que anularía el efecto correctivo de la sanción.
