La ciudad de Coronel Oviedo se encuentra conmocionada ante los recientes avances judiciales en el caso de María Fernanda, una joven cuya vida fue truncada en mayo de 2025. El crimen, calificado por sectores de la sociedad y la familia de la víctima como un doble homicidio debido a que la joven se encontraba embarazada, ha puesto en el centro del debate la eficacia y la severidad de la justicia en el país.
El proceso judicial ha arrojado una primera condena que ha generado una ola de indignación. Una amiga de la víctima, quien aspiraba a estudiar la carrera de medicina, fue sentenciada a 10 años de prisión. Según los actuados, esta mujer fue la persona que brindó las ideas y la complicidad necesaria para que el principal autor del crimen llevara a cabo el acto. El tribunal de sentencias que dictó este fallo estuvo conformado por el presidente Luis Ovelar y los miembros Andrea Riquelme y Víctor Vera.
En cuanto al autor material del crimen, identificado como Bernardo Silva, su situación procesal es distinta debido a que, al momento de cometer los hechos, era menor de edad. Por esta razón, Silva enfrenta un juicio paralelo bajo las acusaciones de feminicidio y aborto en grado de tentativa. Se espera que este proceso judicial concluya en el plazo de un mes, definiendo así la responsabilidad penal del joven.
La reconstrucción de los hechos revela una tragedia anunciada. Todo comenzó en marzo de 2025, cuando María Fernanda empezó a sospechar que estaba embarazada. A principios de abril, junto a su novio, Bernardo Silva, acudió a un centro hospitalario donde se confirmó la gestación. A partir de ese momento, la relación se deterioró rápidamente; el joven comenzó a presionar a la víctima para que abortara, exigencia que María Fernanda rechazó tajantemente.
Tres meses después de la confirmación del embarazo, una testigo relató que ambos habían acordado encontrarse para discutir el destino del embarazo. Sin embargo, tras ese encuentro, María Fernanda desapareció, tiempo después siendo hallada sin vida.
Los resultados de la autopsia fueron devastadores. El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe contundente. Asimismo, el examen médico descartó la hipótesis de que la víctima hubiera sido quemada viva. Un dato particularmente cruel reveló la autopsia: se hallaron lesiones en el cuello uterino producidas por el uso de una pinza, lo que confirma un intento de aborto forzado. No obstante, el procedimiento no se consumó, ya que el feto, con 14 semanas de gestación, se encontraba intacto al momento del fallecimiento de la madre.
El móvil del crimen parece estar arraigado en el prejuicio social y el clasismo. Según fuentes cercanas al caso, Bernardo Silva mantenía una relación clandestina con María Fernanda. Se señala que los padres del agresor no aceptaban el vínculo ni el embarazo debido a que consideraban que María Fernanda provenía de una familia humilde y de escasos recursos económicos.
La familia de la víctima ha manifestado su total rechazo a la condena impuesta a la cómplice, calificándola de irrisoria. El padre de María Fernanda, visiblemente afectado, declaró en diversos medios de comunicación de la capital: «Ambyasy, oñecondena sa’ieterei les mató a mi hija y a mi posible nieto o nieta, ¡doble homicidio!».
Sumado a la indignación por la pena, han surgido graves denuncias sobre la manipulación de la evidencia. Se comenta que personas vinculadas a un senador, descrito como alguien sinvergüenza, habrían estado involucradas en la desaparición de pruebas cruciales en los lugares relacionados con el crimen, lo que sugiere una trama de impunidad respaldada por el poder político.
Este caso ha dejado una profunda herida en la comunidad ovetense, planteando interrogantes sobre la seguridad de las mujeres y la severidad de las penas para crímenes tan atroces, donde la condición socioeconómica de la víctima parece influir en el curso de la justicia.
