Desde Ulán Bator, Mongolia, el marco de la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) ha servido como escenario para una advertencia económica contundente. La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, ha enfatizado que la salud de la tierra no debe ser vista como un lujo ambiental, sino como una pieza fundamental del capital productivo de las naciones. Según la organización, el suelo, los pastizales y las cuencas hidrográficas constituyen la infraestructura productiva básica sobre la cual se asientan las economías de los países.
La realidad actual muestra una brecha alarmante entre la necesidad de inversión y los recursos destinados a la recuperación de tierras degradadas. En la actualidad, el mundo invierte menos de una cuarta parte de lo que sería necesario para revertir este proceso. Esta negligencia financiera tiene un costo directo y tangible: la factura por la inacción asciende a 878.000 millones de dólares anuales. Esta pérdida económica se manifiesta de diversas formas, afectando los ingresos de pastores y agricultores, encareciendo el precio de los alimentos, provocando la desaparición de empleos y obligando a los gobiernos a incrementar el gasto público para responder a crisis recurrentes y sequías.
Frente a este panorama, la restauración de la tierra se presenta no solo como una medida de conservación, sino como una oportunidad económica masiva. Se estima que recuperar los suelos podría generar beneficios anuales de aproximadamente 1,8 billones de dólares. La rentabilidad de estas acciones es notable, ya que por cada dólar invertido en restauración, el retorno económico se calcula entre siete y 30 dólares, lo que convierte a la salud del suelo en una de las inversiones más rentables para el desarrollo sostenible.
Sin embargo, el flujo de capital es insuficiente. Durante un encuentro de alto nivel sobre financiación, Amina Mohammed señaló que, al ritmo actual, solo se están invirtiendo unos 77.000 millones de dólares al año, una cifra muy distante de los 355.000 millones de dólares que se requieren anualmente para enfrentar el problema de manera efectiva. Esta situación genera una paradoja técnica: muchos países ya han avanzado en la planificación, pero carecen de los medios para la ejecución. Más de 70 naciones han desarrollado planes nacionales contra la sequía con el apoyo de la UNCCD, probando soluciones para proteger pastizales, recuperar suelos y optimizar el uso del agua. El desafío actual es transitar de proyectos puntuales y aislados hacia programas de recuperación a gran escala.
Para solventar este déficit, la ONU propone un cambio de paradigma en la gestión económica nacional. Mohammed instó a los gobiernos a integrar la resiliencia frente a la sequía y la salud de la tierra en sus presupuestos, planes de inversión pública y estrategias nacionales de desarrollo. Entre las medidas sugeridas se encuentra la revisión de los subsidios que actualmente fomentan prácticas agrícolas insostenibles o el uso ineficiente del agua. Asimismo, se plantea el uso de garantías y financiación pública para mitigar riesgos y atraer la inversión del sector privado.
La urgencia de estas medidas se sustenta en datos críticos: hasta el 40% de las tierras del planeta presentan algún grado de degradación. Además, desde el año 2000, se ha registrado un aumento del 29% en la frecuencia y duración de las sequías. De no revertirse esta tendencia, se proyecta que para el año 2050 hasta tres de cada cuatro personas en el mundo podrían verse afectadas por estas condiciones.
Más allá de las cifras financieras, la restauración de la tierra conlleva una dimensión social y de derechos humanos. La ONU advierte que no es viable exigir a las comunidades que restauren el territorio si estas no poseen derechos seguros sobre la tierra que trabajan. Este problema es particularmente agudo en el caso de las mujeres. En el 86% de los países que han suministrado datos a las Naciones Unidas sobre tenencia de tierras, las mujeres cuentan con menos derechos asegurados sobre las tierras agrícolas que los hombres.
Como ejemplo del impacto positivo que tiene la reducción de esta brecha, se destacó la labor de una cooperativa de mujeres liderada por Florence Banou en Bandiagara, Mali. Este grupo logró recuperar tierras degradadas y elevar la producción local de alimentos, lo que llevó al municipio a concederles cuatro acres adicionales para expandir su trabajo. Este caso demuestra que cuando los derechos sobre la tierra se combinan con acceso a financiación, tecnología, capacitación y mercados, las mujeres pueden aprovechar plenamente el valor económico de la restauración.
En conclusión, la recuperación de la tierra es una herramienta esencial para permitir que quienes dependen de ella construyan medios de vida sostenibles. Una tierra sana ofrece a las poblaciones la posibilidad fundamental de prosperar y construir un futuro en los territorios a los que pertenecen.
