El Consejo de Gabinete de la República de Panamá ha tomado la decisión formal de declarar el estado de emergencia nacional en todo el territorio, como respuesta directa a las condiciones climáticas adversas provocadas por el fenómeno de El Niño. Esta determinación busca hacer frente a un escenario complejo caracterizado por el riesgo inminente de inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías prolongadas y una afectación crítica a los recursos hídricos del país.
La medida ha sido oficializada a través de la Resolución de Gabinete N.° 102-26. Este marco legal otorga a las diversas instituciones públicas las facultades necesarias para intensificar y reforzar sus protocolos de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante las emergencias que puedan derivarse de esta crisis climática. El objetivo primordial es optimizar la capacidad de reacción del Estado para proteger a la población y la infraestructura nacional.
En términos de impacto humano, las autoridades han reportado cifras alarmantes. Entre los meses de enero y agosto de 2026, más de 15 mil personas han resultado afectadas por inundaciones. Los daños se han concentrado principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Colón, así como en las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di, zonas que han sufrido los embates de las precipitaciones irregulares.
Para gestionar la ayuda necesaria, se ha autorizado al Ministerio de Gobierno, actuando a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la coordinación total para la recepción y aceptación de contribuciones. Estas donaciones pueden provenir de organismos humanitarios tanto nacionales como internacionales que tengan la voluntad de aportar recursos para la atención de las personas damnificadas por los efectos del clima.
Desde la perspectiva meteorológica, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha identificado un comportamiento climático dual y preocupante. Mientras que la provincia de Bocas del Toro continúa registrando precipitaciones que superan los niveles habituales, el IMHPA advierte que otras regiones del país podrían enfrentar un déficit significativo de lluvias. Se estima que este periodo de sequía se extienda entre octubre de 2026 y marzo de 2027, con efectos que podrían prolongarse hasta mayo del próximo año, acompañados de un incremento en las temperaturas ambientales.
La gravedad de la situación hídrica fue detallada por Luz Graciela de Calzadilla, directora del IMHPA, quien informó que actualmente existen 11 cuencas hidrográficas bajo estrés hídrico. Esta condición se manifiesta en niveles críticamente bajos de los ríos, lo cual representa una amenaza directa para la generación de energía hidroeléctrica y el correcto funcionamiento de las plantas potabilizadoras, esenciales para el suministro de agua potable.
Asimismo, existe una preocupación institucional profunda respecto a los niveles de agua en los embalses y lagos, destacando el caso del lago Bayano. La administración gubernamental advierte que esta disminución en los niveles hídricos podría tener repercusiones directas en la disponibilidad de agua necesaria para las operaciones del Canal de Panamá, una arteria vital para el comercio global y la economía nacional.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, subrayó que esta declaratoria no es solo una respuesta a los daños ya causados, sino una estrategia de anticipación. Según Montalvo, el Gobierno busca adelantarse a los diversos escenarios que pueda generar El Niño, implementando planes de contingencia tanto para las zonas que enfrentan excesos de lluvia como para aquellas que sufren la escasez de precipitaciones.
En el ámbito administrativo y financiero, la resolución permite la implementación de procedimientos especiales de contratación para atender la emergencia. Estas medidas extraordinarias estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2027. Para garantizar la transparencia, todas las adquisiciones realizadas bajo este régimen deberán ser reportadas al Consejo de Gabinete y publicadas obligatoriamente en el portal de PanamáCompra.
Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha emitido un reporte sobre los daños en la infraestructura vial. Se han identificado afectaciones principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Coclé. Entre los daños más críticos se encuentra la socavación en las bases de al menos 10 puentes. Las autoridades del MOP han asegurado que ya se ha diseñado y puesto en marcha un plan técnico para intervenir y reparar estos puntos vulnerables.
