En el marco del juicio oral por la causa conocida como los "Cuadernos de las coimas", dos exdirectivos de la empresa Techint prestaron declaración testimonial este martes ante el Tribunal Oral Federal 7. Durante la audiencia, ambos testigos ratificaron que la compañía realizó una serie de pagos a Roberto Baratta, quien se desempeñaba como la mano derecha del exministro Julio De Vido, en el contexto del conflicto derivado de la expropiación de la siderúrgica Sidor en Venezuela.
El primero en comparecer fue Héctor Zabaleta, quien admitió haber efectuado seis pagos en moneda nacional a Baratta. Según el testimonio de Zabaleta, estas entregas sumaron un total cercano al millón de dólares. Sus declaraciones sirvieron para revalidar los registros obrantes en los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, los cuales detallaban visitas del funcionario Baratta al edificio de Techint ubicado en Puerto Madero.
Zabaleta precisó que se realizaron seis visitas entre junio y diciembre de 2008, ocasión en las que se entregaron "paquetes" de dinero. Al ser consultado por la fiscal Fabiana León, el testigo confirmó que cada entrega oscilaba entre los 600.000 y 700.000 pesos. Asimismo, aclaró que actuó bajo instrucciones directas de Luis Betnaza, otro exdirectivo de la firma, quien le había indicado que el monto total debía alcanzar aproximadamente el millón de dólares. Zabaleta señaló que cumplía las peticiones de Betnaza por considerarlas lógicas dentro de su función.
Por su parte, Luis Betnaza ratificó haber impartido dichas instrucciones y vinculó la entrega del dinero a supuestos "gastos" relacionados con la repatriación de trabajadores argentinos en el año 2008. Betnaza relató ante el tribunal que la empresa solicitó la intercesión del gobierno kirchnerista, que mantenía vínculos estrechos con Hugo Chávez, para destrabar la situación en Venezuela. Según el testigo, el Gobierno respondió que solo se haría cargo de los ciudadanos de nacionalidad argentina, razón por la cual surgió la solicitud de un aporte económico para cubrir los costos de traslado de aquellas personas que no poseían la nacionalidad argentina.
La situación procesal de Zabaleta y Betnaza es particular. Aunque estuvieron procesados por estos pagos, sus casos fueron tratados en un expediente separado. La Justicia determinó que los desembolsos se realizaron en un contexto de emergencia, diferenciándolos de los pagos vinculados a la obra pública. Por este motivo, desde la empresa Techint se ha sostenido que no se trató de "coimas", sino de "pagos indebidos".
Estos hechos ocurrieron durante la expropiación de Sidor en 2008 por parte del gobierno de Hugo Chávez, proceso que generó un clima de hostilidad hacia los empleados argentinos, cuya salida del país no estaba garantizada. La Justicia argentina sostiene que los pagos tuvieron como objetivo lograr que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera a favor de Techint para asegurar el regreso de los trabajadores. Bajo este fundamento, en 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos de Betnaza y Zabaleta, y posteriormente el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de ambos, así como el del CEO de la empresa, Paolo Rocca.
A pesar de que el tribunal les advirtió sobre el riesgo de autoincriminarse y su derecho a guardar silencio, los testigos respondieron a todas las preguntas de la fiscalía, la defensa de Baratta y la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern.
Zabaleta profundizó sobre su relación de confianza con Paolo Rocca, mencionando que fue su apoderado, administró un campo en General Villegas y gestionó asuntos personales como la compra de un avión. También denunció que, durante su periodo de detención, se perdieron dos teléfonos y un pendrive con información corporativa, y que la laptop que le fue devuelta no era la suya original.
Un punto de tensión en la audiencia ocurrió cuando la defensa de Baratta, liderada por Elizabeth Gómez Alcorta, intentó marcar una contradicción entre la declaración actual de Zabaleta y la que prestó previamente como testigo arrepentido. Gómez Alcorta calificó la situación de "inédita" para la justicia argentina, al haber un imputado arrepentido que reconoce delitos pero que termina sobreseído, mientras que esos mismos hechos sirven de cargo para que Baratta llegue a juicio. Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió confrontar a Zabaleta con sus declaraciones previas.
Zabaleta explicó que, para obtener el dinero en pesos, solicitó el contravalor de un millón de dólares a la oficina del exterior de Techint, utilizando un fondo de dividendos de la empresa que él custodiaba. Sin embargo, admitió que, aunque sabía que Baratta era un funcionario de alto nivel, no tenía idea del motivo exacto del pago, basándose únicamente en la palabra de Betnaza.
Finalmente, Zabaleta mencionó que en su declaración como arrepentido describió presiones de Baratta, quien le habría advertido sobre el destino de los "tubos" de la planta de Campana si los pagos no se realizaban en dólares. No obstante, este martes relativizó parte de aquellos dichos, atribuyéndolos a las condiciones en que declaró en aquel entonces, y sostuvo que los pagos nunca estuvieron atados a la obra pública, sino estrictamente a la emergencia de los trabajadores en Venezuela.
