El Departamento de Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública ha presentado el informe epidemiológico anual 2025, un documento exhaustivo que analiza el comportamiento de la sífilis en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Los resultados revelan una tendencia creciente de esta infección, transmitida mayoritariamente por vía sexual, con datos particularmente destacados en ciertas regiones y grupos etarios específicos.
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la región de Aysén. Según los datos proporcionados, Aysén se ha posicionado con la segunda tasa más alta de casos de sífilis a nivel nacional, alcanzando una cifra de 90,1 casos por cada cien mil habitantes. Esta tasa es apenas inferior a la registrada en la región de Tarapacá, que lidera el ranking con 90,3 casos por cada cien mil habitantes. En comparación, otras regiones con incidencias elevadas, como Antofagasta y Arica y Parinacota, presentan tasas de 70,6 y 70,2 respectivamente, quedando significativamente por debajo de la realidad de Aysén.
El impacto de estas cifras en Aysén es notable, ya que la tasa regional supera en un 39% la tasa nacional, la cual se sitúa en 55,2 casos por cada cien mil habitantes. En términos concretos, en la región se han documentado 98 casos particulares durante los últimos dos años. Lo más preocupante para las autoridades sanitarias es la velocidad del incremento: mientras que en 2021 Aysén registraba una tasa de 10,2 casos por cada cien mil habitantes, para el año 2025 esta cifra aumentó 8,8 veces, desplazando a la región desde una de las posiciones más bajas de contagio hacia la parte alta del podio de riesgo.
Respecto a las causas de este fenómeno, el estudio plantea dos hipótesis principales. Por un lado, podría existir un cambio en las conductas sexuales de la población y en las redes de transmisión. Por otro lado, el aumento podría ser el resultado de mejoras significativas en los sistemas de detección de casos, lo que permitiría identificar infecciones que anteriormente pasaban inadvertidas.
A nivel nacional, el informe detalla que entre 2021 y 2025 hubo un aumento general del 37% en la cantidad de casos. Este incremento se produce tras una disminución transitoria observada en el año 2020, fenómeno que el estudio asocia directamente con el impacto de la pandemia de Covid-19. En cuanto a las vías de contagio, el 94% de los casos documentados en 2025 fueron de transmisión sexual. De este porcentaje, el 54% correspondió a relaciones heterosexuales, el 40% a relaciones sexuales entre hombres (HSH) y el 5% a relaciones bisexuales. El 5% restante de los casos totales presenta una vía de transmisión desconocida.
El desglose por género y edad también muestra patrones definidos. El 65% de los casos totales corresponden a hombres, quienes en 2025 alcanzaron una tasa de 72,3 casos por cada cien mil habitantes. En este grupo, la mayor incidencia se concentra en el tramo de 30 a 39 años (148,2 por cada cien mil), seguido por el grupo de 20 a 29 años (123,2) y el de 40 a 49 años (92,7). En el caso de las mujeres, la tasa nacional fue de 38,4 por cada cien mil habitantes, con la mayor prevalencia en el tramo de 20 a 29 años (98,6) y, posteriormente, en el de 30 a 39 años (57,1).
Finalmente, el informe destaca un aumento sostenido de la sífilis en personas mayores de 40 años, con un incremento particularmente marcado en el grupo de 60 años o más, donde se registró una tasa de 38,7 casos por cada cien mil habitantes en 2025. En las mujeres de este grupo etario, se observó un salto cuantitativo: mientras que entre 2022 y 2024 las cifras se mantenían estables entre los 415 y 474 casos, en 2025 se dispararon a 634 casos, representando una tasa de 28,8 por cada cien mil habitantes.
El estudio concluye que este aumento en personas mayores podría reflejar cambios en sus comportamientos sexuales, una menor percepción del riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y un uso menos frecuente del preservativo. Ante este escenario, el documento enfatiza la necesidad urgente de ampliar las estrategias de prevención y pesquisa hacia grupos de edad que no han sido priorizados históricamente en las campañas de salud pública.
